El pasado mes de junio se anunció un ERE en Vodafone que afectaría a un tercio de la plantilla. El fondo británico había completado la compra de la operadora a finales de mayo y anunciaba a los pocos días el recorte de plantilla. Dicho recorte se aplicaría a 1.198 personas. Tras semanas de manifestaciones y reuniones con los sindicatos, parece que se ha llegado a un acuerdo y la reestructuración afectará a 898 personas, un 27,5% de la fuerza laboral.
Otro de los acuerdos establecidos ha sido la mejora de las indemnizaciones hasta la que la legislación estima para un despido improcedente: entre 33 y 45 días por año trabajado. Además de una prima de 3.500 euros para los afectados con un salario inferior (fijo más variable) a los 40.000 euros anuales.
A todo ello se añade un sistema de prejubilaciones para los trabajadores nacidos en 1967 o años posteriores con 10 años de antigüedad. A estos se les ofrece el 80% del salario regulador (100% del salario fijo bruto y 50% del variable), y el abono de las cotizaciones sociales. Estos pagos se abonarán hasta los 63 años para las personas de 57 y 58 años; hasta los 64 años para los que tengan 59 y 60 años, y hasta los 65 para los empleados de 61 años y mayores. La empresa seguirá pagando también el seguro de salud durante tres meses a todos los que se acojan al ERE.
Y además Vodafone se compromete a no efectuar ningún otro despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2025. Adicionalmente, y para proteger a las personas de mayor edad, no se podrá despedir individualmente a ningún empleado que tenga 55 años o más a finales de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. Otras garantías implican la no afectación a los dos miembros de una pareja, empleados con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con permiso por maternidad y paternidad, víctimas de violencia de género, y personas con menores afectados por enfermedades graves.
