El sector de las telecomunicaciones no para de dar titulares. Hace unos días se publicó que Hacienda había abierto una investigación por fraude masivo por no declarar el IVA en uno de los departamentos de compra y venta de tráfico de llamadas de Ono. Más de 60 millones de euros defraudados al fisco a los que habría que sumar la sanción correspondiente.
Ante estos hechos, Vodafone contrató a Deloitte para hacer un estudio pormenorizado de la situación y saber qué personas estaban al corriente de esta operativa y qué mandos conocían el fraude. No en vano, la empresa española poseía la notificación de la Agencia Tributaria antes de que se completara la adquisición.
Como primera medida, multinacional británica ha bloqueado los bonus millonarios a los directivos de Ono por ocultar los hechos delictivos. José María Castellano, presidente, Rosalía Portela, consejera delegada, y Carlos Sagasta, director financiero, se quedarán sin los cerca de 68 millones de euros que la firma inglesa pretendía abonarles repartidos en 25, 25 y 15, respectivamente. Para ello, ha contratado los servicios del despacho internacional de abogados DLA Piper. Y es que, cuando la operadora inició las negociaciones para la adquisición, los tres firmaron un contrato de garantías para asegurarse el cobro de estas retribuciones.
