Los operadores regionales de cable, R, Telecable y Euskaltel, han anunciado su propósito de impugnar ante los Tribunales de Justicia el Proyecto de Orden presentado por el Gobierno, que imposibilitará a los operadores regionales presentarse a la subasta de la banda de frecuencias de 900 MHz, – que quedó desierta en el proceso de subasta celebrado el pasado mes de julio -, y que significará de facto la concentración de esta banda de frecuencias en los operadores que ya disponen de las mismas.
Los operadores regionales de cable así lo han hecho saber mediante un escrito presentado ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, CATSI, celebrado ayer en Madrid.
Los operadores de cable regionales han mostrado su “frontal oposición” a un Proyecto de Orden que consideran “una flagrante violación del espíritu y de la propia letra” del Real Decreto aprobado el pasado mes de abril, que pretendía fomentar la competencia en el mercado de telecomunicaciones español. “El Proyecto no fomenta la competencia, sino que la limita, al hacer más difícil el acceso de nuevos operadores al mercado”, han señalado.
Asimismo, han recalcado que el modelo de subasta propuesto (nacional) no supondrá una mayor recaudación, ya que “si de recaudar se trata, la experiencia de la reciente subasta es que las frecuencias a nivel autonómico ha reportado a las arcas del estado más que las nacionales proporcionalmente”.
Consideran que este Proyecto supone la modificación, en el plazo de unos pocos meses, de los límites establecidos en el Real Decreto del 1 de abril, aprobado con el objeto de fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Como consecuencia, el Proyecto de Orden, tal como está redactado, culminará en una concentración de frecuencias que únicamente favorece a los operadores que ya disponen de las mismas, que se beneficiarán, además, de una disponibilidad de las frecuencias más amplia en el tiempo.
En consecuencia, los tres operadores han anunciado formalmente su propósito de impugnar ante los Tribunales de Justicia este Proyecto de Orden, “si es que se consolidara en los términos hasta ahora conocidos, en coherencia con la posición que han venido manteniendo con ocasión de los procesos de concursos y subastas precedentes”.
