En diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se quedara con un 10% del capital de Telefónica. Una operación que respondía al anuncio de Saudí Telecom de comprar el 9,9% de la operadora española por 2.100 millones de euros y salvaguardar así un activo estratégico para el país.
El 25 de marzo el Gobierno entró en el accionariado con un 3%, con “vocación de permanencia” y la promesa de seguir adquiriendo cada vez más hasta llegar al 10%. Semanas más tarde, la SEPI ha desvelado que su participación asciende ya al 5% convirtiendo al Estado en el principal accionista de la telco. Una participación que, como han explicado, “aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de las capacidades estratégicas de una compañía clave en el sector de las telecomunicaciones y determinante en la mayor parte de las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional”.
Aunque todavía no se ha llegado a ese 10%, a día de hoy el Gobierno de España es el principal accionista de Telefónica por poco -5,034%- ya que CriteriaCaixa, el segundo a bordo, se queda en el 5,007%. También la entidad bancaria duplicó su participación hace unos días así que el cambio de poder ha sido muy rápido.
