El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha formalizado la extensión de las licencias del espectro concedidas con anterioridad a la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Como explican, esta decisión se ha tomado en cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la Ley 11/2022, de 28 de junio, en la adaptación de los títulos habilitantes del uso del dominio público radioeléctrico.
El Gobierno amplió el plazo máximo de la concesión de frecuencias de uso del espectro radioeléctrico en la ley a cuarenta años. En esta línea, las nuevas licencias de espectro otorgadas en los últimos años en las bandas de 700 MHz y 26 GHz ya se han otorgado con la duración máxima que prevé la ley. Concretamente, se han concedido veinte años más otros veinte posibles en prórrogas, que previsiblemente se otorgarán si se cumplen las condiciones de cada título.
Estas nuevas medidas recién anunciadas afectan a las licencias concedidas con anterioridad en otras bandas de frecuencias que ahora se utilizan para otras tecnologías (2G, 3G y 4G). En el caso de la banda de 3,5 GHz, que ya se utiliza para la tecnología 5G, su duración podrá igualmente extenderse hasta en diez años adicionales. Estas bandas de frecuencias podrán utilizarse también en el futuro inminente para 5G y 6G.
El Ministerio ha tomado esta decisión después de completar los trámites requeridos y escuchar al sector a través de una audiencia pública de los afectados, una consulta pública abierta a todos los agentes y los respectivos informes de la CNMC y de la Abogacía del Estado.
La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, considera que esta extensión “constituye una medida más en nuestra política de apoyo a la sostenibilidad de un sector que consideramos estratégico, para seguir fortaleciendo los niveles de conectividad y de competitividad que estamos alcanzando. Va a implicar el ahorro de cientos de millones de euros a las operadoras, que podrán invertirse directamente en despliegue y en innovación”.
En este sentido, ha destacado que “el Gobierno ha defendido los intereses de la ciudadanía y de la economía española en los diferentes procesos de concentración y reordenación del sector para los próximos años. Esta medida se suma a los compromisos que hemos exigido a las operadoras para que realicen las necesarias inversiones estratégicas y tengan una solidez financiera que asegure el largo plazo. Y, como no, a la millonaria inversión pública de más de 2.500 millones de euros para despliegue de red y tecnología móvil por toda España”.
