El presidente Aznar presidía hace unos días en Vitoria el acto de presentación del Plan de Acción de la Iniciativa Info XXI, con el que el nuestro Gobierno pretende dar un impulso significativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
El plan de acción presentado por la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, pretende lograr objetivos tan loables como asegurar que todos los ciudadanos y empresas tengan acceso a la sociedad de la información, desarrollar la Administración Electrónica y reforzar la presencia de España en Internet.
En principio, nada que objetar ni a la iniciativa ni a las metas que de forma genérica se propone Info XXI, a lo que se podría llamar trazo grueso del plan. Difícilmente podrían ponerse inconvenientes a objetivos que parecen dictados por el sentido común. Mucho más habida cuenta de nuestro país no debe conformarse sólo con no perder el tren de la modernidad y la competencia, sino que legítimamente tiene que aspirar a situarse en los vagones de cabecera y si es una de sus locomotoras, mejor que mejor, aunque para ello tenga que realizar el máximo esfuerzo para hacer de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en definitiva, de la Sociedad de la Información, una cuestión de Estado, su estrategia de proyecto común para poner proa hacia un futuro que necesariamente pasa por lo digital y por ciudadanos entrenados y acostumbrados al uso de las tecnologías.
Más criticables son ya los aspectos concretos en los que debería plasmarse Info XXI. Para empezar, el Gobierno plantea un total de 322 iniciativas de las que inicialmente se pondrán en marcha algo menos de un centenar, eso sí, 21 emblemáticas y 50 prioritarias. Sería interesante saber cuál es el criterio que se ha utilizado para adjudicarlas sendos calificativos y por qué, por ejemplo, es más importante costear a cargo de los presupuestos del Estado la comprar de ordenadores para la Administración que ayudar a los ciudadanos a adquirir un PC.
Otra dificultad que se vislumbra en el horizonte de aplicación de Info XXI es que, necesariamente, este Plan impulsado desde el Gobierno deberá contar con la colaboración de otras administraciones públicas -léase Comunidades Autónomas- y de la iniciativa privada. Esta circunstancia abre demasiadas incógnitas sobre su futuro, al hacer depender su plasmación de elementos puramente políticos que, en función, de estrategias que poco tienen que ver con la tecnología y una visión común del Estado. La tentación de desarrollar políticas propias en el impulso de la Sociedad de la Información está demasiado presente y si no se negocia con rapidez, habilidad y generosidad pueden aparecer más pronto que tarde reinos de taifas que impidan el pleno desarrollo de Info XXI.
Además, parece ridículo que de un presupuesto de 850.000 millones de pesetas previsto para esta iniciativa sólo se dedique 12.000 millones para llevar Internet a todos los centros educativos y otros 8.000 a la formación de profesorado. Si de verdad queremos hacer una Sociedad de la Información hay que invertir pensando mucho más en el futuro que en el presente y el mañana de Info XXI, como el de nuestro país, se está formando hoy en sus aulas.
