Las operadoras de telefonía móvil no van a aceptar la subida de la tasa radioeléctrica con la que el Gobierno pretende atenuar el, comparativamente, golpe bajo en el que se ha convertido la recaudación obtenida por la adjudicación de licencias UMTS. Aquello de Santa Rita, lo que se da no se quita se ha convertido en cantinela y mensaje de espera de las sedes de Telefónica Móviles, Airtel y Amena, los más poderosos. Mientras, en la recién llegada operadora Xfera, todavía recogiendo mimbres con los que construir compañía, todo es incertidumbre y preocupación por lo que puede suponer a su proyecto los 25.000 millones que va a tener que aportar a los 140.000 millones que el Gobierno tiene previsto recaudar el próximo año por este concepto.
Complicada situación que en absoluto conecta con aquellas declaraciones de la ministra Anna Birulés declarará, durante el discurso de apertura del XIV Encuentro Anual de Telecomunicaciones de la Universidad Menéndez Pelayo, que reafirmaban el que la concesión de las licencias UMTS en nuestro país no tenía un objetivo puramente recaudatorio, sino de desarrollo de la Sociedad de la Información.
Definitivamente se ha acabado el periodo de gracia para el nuevo ministerio de Ciencia y Tecnología que, como sus antecesores, empieza a sufrir los embates de Economía y Hacienda. Esperemos que la ministra opte por el dialogo y no por el decreto y sea capaz de enfriar la patata caliente que nadie quiere y menos que nadie las operadoras amenazadas a pagar, eso sí en cómodos plazos durante 20 años, los 3,2 billones que hubieran tenido que ingresar por adelantado si el concurso técnico hubiera sido una subasta.
