La decisión judicial es pionera y sienta un precedente a favor de las operadoras en la batalla que éstas mantienen con los ayuntamientos por el despliegue de antenas. Las compañías necesitan incrementar el número de estaciones base si quieren ampliar la cobertura del acceso a Internet de alta velocidad a través del móvil. Sin embargo, las asociaciones de vecinos y colectivos ecologistas aprovechan el vacío legal que existe cuando los ayuntamientos no aprueban explícitamente la instalación de antenas para exigir su desmantelamiento. El silencio de los ayuntamientos se deriva, en parte, de la presión a la que se ven sometidos ante un tema tan conflictivo para la opinión pública y dejan en el aire la aprobación de las licencias.
Todas estas características se dan cita en el caso del municipio de Molina de Segura, donde Orange -entonces Amena- tuvo que prescindir de dos estaciones base desplegadas en la localidad porque no había recibido la licencia, aunque tampoco un rechazo de su petición. Sólo obtuvo el silencio administrativo, el cual ha sido puesto en tela de juicio por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso. Por primera vez un juez estima que dicho mutismo debería interpretarse como una aprobación tácita a la instalación de las antenas.
La sentencia es fundamental porque no se trata de un caso aislado, las operadoras estiman que un 40 por ciento del parque para antenas móviles instalado en España tiene problemas como el denunciado por Orange.
