A raz de todos estos acontecimientos ha trascendido a la calle, y de qu forma, una polmica que antes estaba circunscrita a los mbitos exclusivamente profesionales donde la controversia tampoco ha estado coronada por una postura unnime a favor o en contra.
La dificultad est en que argumentos y estudios hay para mantener tanto una como otra postura y no existe un patrn comn y definitivo que marque la lnea que separa la salubridad en el uso de la tecnologa de su peligrosidad; y es que resulta curioso que los lmites de tolerancia sean tan variables, existiendo unas diferencias entre unos pases y otros ms que notables, lo que puede hacer sospechar o bien que los ciudadanos de una determinada parte del Globo son mucho ms resistentes a las emisiones radioelctricas, que sus legisladores son ms celosos en el cuidado de la salud y bienestar de sus administrados o que no tienen ni la ms remota idea de dnde colocar esa lnea divisoria entre el mal y el bien y la trazan a ojo de buen cubero, lo que en considerado en su conjunto no resulta muy alentador.
Tampoco conviene olvidar que no todas las antenas que vemos en los tejados de los edificios de pueblos y ciudades pertenecen a esta categora, sino que muchas de ellas dan soporte a otro tipo de servicios de telecomunicaciones fijos y tambin mviles; y que, con toda probabilidad ninguno de esos ms de sesenta ciudadanos de cada cien que son usuarios de telefona mvil en nuestro pas estara dispuesto a renunciar a sus indudables y mltiples ventajas, por lo que la solucin no parece nada fcil y exigir un ejercicio de imaginacin y capacidad de adaptacin por parte de la Administracin, operadores, fabricantes y los propios usuarios.
Y si entre los propios entendidos en la materia no hay acuerdo, es fcil imaginar la alarma y radicalidad con la que ha asumido la ciudadana esta cuestin porque, cuando lo que est en juego es la salud, es muy difcil mantener la cabeza fra, no estigmatizar sin previo conocimiento de causa al enemigo, ni evitar pensar hasta qu punto estarn terciando en esta polmica intereses inconfesables o poco legtimos.
Se echa de menos una actuacin ms decidida por parte de la Administracin, que no debera zanjar la cuestin con un simple anuncio de mantenerse en sus trece en el plano legislativo, en una asuncin implcita de encontrarse en posesin de la verdad. Tendra que adoptar un papel de mayor protagonismo y colaborar ms estrechamente con otros actores implicados en este sector a la hora de informar, casi evangelizar, y dar garantas a los usuarios, a la vez que determinar en todo momento, de forma dinmica a la luz de los datos que vayan apareciendo, y con la independencia que todos presuponemos, las condiciones de funcionamiento de estas instalaciones para que no quede ni la menor sombra de duda.
En las ltimas semanas ha vuelto a saltar con dolorosa frecuencia a las pginas de los medios de comunicacin y sobre las conciencias de los ciudadanos una cuestin que nos afecta a todos y de la que ninguno podemos sentirnos al margen, ya sea por nuestra faceta de usuarios, posibles perjudicados y meros espectadores que necesariamente hemos de tomar partido en una polmica cuyo fin no se divisa prximo y amenaza, por su propia naturaleza, con sobresaltarnos peridicamente a corto plazo.
La aparicin de un nmero anormalmente alto de nios afectados por dolencias cancerosas en un colegio de Valladolid, ubicado en las proximidades de un edificio cuyo elevado nmero de antenas existentes en su tejado ha llevado a calificarlo de granja, ha puesto sobre el tapete, una vez ms porque no es la primera ni ser la ltima, la posible relacin entre determinados tipos de patologas y las emisiones de las antenas utilizadas por la telefona mvil y, por extensin, de otros muchos sistemas de comunicacin.
Rpidamente se han dado a conocer otros casos registrados a lo ancho y largo de Espaa, como los tristemente protagonizados por alumnos de varios institutos de Ronda. Tampoco hay que remontarse a un pasado muy lejano para recordar otras sentencias por las que se obligaba al cese de actividades de alguna de estas instalaciones localizadas en bloques de viviendas de diferentes puntos de este pas, aunque el juez no pudiera fundamentar su decisin en evidencia concluyente alguna de que la patologa que afectaba al demandante estuviera provocada por este tipo de dispositivo. En estos casos, segn recogan las sentencias, se antepona el derecho a preservar la salud a cualquier otro.
