Una victoria para Telefónica. Así podría considerarse la decisión presentada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que el Gobierno español incumplió diversas directivas comunitarias al querer restringir la libertad de Telefónica para fijar sus tarifas.
El Tribunal considera que el hecho de que el Ejecutivo obligase a Telefónica en 1999 a fijar una cuota de abono mensual por debajo del precio del coste del servicio privado causó a la operadora unas pérdidas cercanas a los 1.551 millones de euros.
Así, la conclusión del Tribunal abre un nuevo capítulo en el conflicto que mantienen Telefónica y el Gobierno español por la fijación obligatoria de las tarifas que la compañía cobra como abono mensual a sus clientes y que llevó a la operadora a presentar una denuncia ante este mismo Tribunal, aunque más tarde decidiera retirarla.
Esta nueva resolución da la razón a Telefónica que podría así presentar un recurso ante la justicia para que se imponga al Estado español una multa que compense los daños causados a la operadora.
La legislación comunitaria sobre competencia en el mercado de la telefonía fija prevé una regulación pública de las tarifas de los antiguos operadores dominantes para reequilibrar sus precios ante el inicio de la competencia en el mercado. Sin embargo, fija que esta regulación pública debía finalizarse el 1 de enero de 1998, cosa que el Gobierno español no cumplió prolongando directa o indirectamente esta medida hasta 2003.
