El 67% de las empresas españolas carece de mecanismos de prevención de fugas de datos, y en estos casos, acudir a la justicia podría resultar incluso perjudicial para la propia compañía por las filtraciones que podrían producirse. Por este motivo, muchas compañías afectadas por una fuga de información por parte de un empleado, prefieren resolver el conflicto en el ámbito privado. Así lo concluye un estudio de Ribas y Asociados, denominado “Estudio sobre las estrategias de control de las nuevas tecnologías en la empresa”, realizado por José Ramón Agustina, profesor de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC),Ana Alós, abogado de URIA y Javier Sánchez Marquiegui, asesor jurídico de la empresa Colt Data Centre Services, tras realizar un análisis a empresas con al menos 500 empleados y una facturación mínima de 50 millones de euros al año.
El estudio, cuyo objetivo era valorar la utilización de sistemas de prevención y control de daños causados por el uso indebido de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, revela que a pesar de que el 86,5 % de las empresas dispone de unas normas de uso de los recursos TIC corporativos, sólo un 15,6% realiza un control continuado de su cumplimiento. En general, casi la mitad de las empresas analizadas no supervisan el cumplimiento de sus políticas de usos de las nuevas tecnologías, y un 16% ni siquiera establecen políticas de supervisión de situaciones de especial riesgo como el control de trabajadores que han preavisado su marcha, a los que han ocurrido en conductas de riesgo anteriormente o a los que la empresa ha decidido despedir.
Los datos indican que, a día de hoy, el 98% de los empleados tiene acceso a internet y al correo electrónico. No obstante, la mayoría de empresas todavía desconoce los riesgos del uso de las TIC y no está preparada para aclarar y resolver un incidente que puede tener repercusiones directas en el rendimiento en la actividad laboral y en los beneficios empresariales. Por otra parte, las reacciones más frecuentes de las empresas ante un incumplimiento son el advertimiento informal al trabajador (37%), seguido por la sanción disciplinaria (22%). Sólo un bajo porcentaje de las infracciones termina en despido (13%), y en muy contadas ocasiones en denuncia penal (3%).
