Ametic quiere mostrar su preocupación por la fiscalidad que soporta el sector de las telecomunicaciones, una situación que se puede ver agravada si se termina aprobando el “Proyecto de Ley de creación del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector audiovisual y para la difusión cultural digital”, recientemente enviado al Parlament por el Govern de la Generalitat.
La Asociación teme que la alta carga impositiva retraiga la inversión en redes ultrarrápidas que soportan la banda ancha, imprescindibles para el desarrollo de la Economía Digital que, en una situación económica como la nuestra, supone la principal palanca de crecimiento y de cambio de modelo productivo. Tanto la Estrategia Europa 2020 como la Agenda Digital Española mantienen que el despliegue de banda ancha es un pilar imprescindible para fomentar la inclusión social y potenciar el crecimiento. En este sentido, el Banco Mundial ha señalado que en los países desarrollados, un aumento de un 10% en la penetración de la banda ancha supone un incremento del PIB del 1,38%.
En este contexto, no parece razonable acorralar fiscalmente a las operadoras de telecomunicaciones que en el año 2012, invirtieron en España más de 4.000 millones de euros, con una aportación a la ocupación laboral de casi 67.000 trabajadores, a los que hay que sumar el empleo indirecto e inducido ya que el despliegue de redes de telecomunicaciones implica una actividad económica transversal de la que se benefician otros sectores.
Los legisladores han ido añadiendo nuevas cargas al sector hasta el punto de afectar significativamente los ingresos netos de los operadores y, por tanto, su capacidad de inversión. Todo ello en un entorno de caída continuada de ingresos y de reducción sistemática de los precios.
Según un estudio de PwC, de diciembre de 2012, el sector de las telecomunicaciones soporta una carga tributaria específica en España de 3,4% que contrasta significativamente con la correspondiente a países como el Reino Unido, con el 0,7%, o el caso de Alemania, con el 0,4%.
Así las cosas, la patronal asegura que parece un despropósito exigir un nuevo esfuerzo impositivo a un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. Y no sólo relativa a la fiscalidad específica, sino de tasas y tributos que este sector soporta para atender necesidades de terceros. Destacar de entre estas tasas u obligaciones las necesarias para financiar RTVE, 0,9% de los ingresos y 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional, impuesta por la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española; y el 5% de los ingresos audiovisuales incluidos en la Ley General Audiovisual dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española, que entendemos viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat.
Las compañías consideran que todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en las importantes inversiones a las que están haciendo frente para desplegar las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para contribuir a que España forme parte del nuevo ecosistema digital, y para el desarrollo de servicios que puedan prestarse a través de estas redes.
La tasa que puede aprobar el Parlament gravaría a las operadoras con 0,25 euros mensuales por cada línea contratada en Cataluña. El montante recaudado se destinaría a la subvención del audiovisual catalán y a fomentar el acceso a Internet en los equipamientos culturales. En cuanto al destino de lo recaudado, las empresas de telecomunicaciones quieren manifestar que también tienen interés en que la industria de contenidos audiovisuales de este país se desarrolle, lo cual no puede justificar en modo alguno lo inicuo del pretendido impuesto. En este sentido, la patronal tecnológica hace suya la postura de Sergi Casamitjana, director de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) de Terrassa, que el pasado mes de marzo manifestó que “corresponde al Departamento de Cultura de la Generalitat hacer una política responsable que favorezca el cine catalán y no dejar en manos de las operadoras de Internet la obtención de recursos.”
En contra de esta pretendida tasa también se ha pronunciado, más recientemente, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) que en un dictamen, emitido a petición de la propia Generalitat, que se hizo público el pasado 16 de junio, dijo “no compartir la creación de un impuesto a un determinado sector de actividad para nutrir los fondos que se destinarán a otros sectores de actividad, dado que su creación no está suficientemente justificada”. Ametic entendió la expresión en el sentido de que difícilmente se puede justificar lo injustificable como es tratar de imponer una tasa por la prestación de un servicio que en una sociedad desarrollada se entiende de primera necesidad como es la conexión a Internet.
Aún más, este órgano señala en su informe que las medidas de fomento de la industria audiovisual de Cataluña y la difusión de la cultura digital no deberían pasar necesariamente por “el establecimiento de nuevas figuras impositivas que afecten a la competitividad de las actividades económicas”, con el consecuente efecto adverso en la creación de empleo y desarrollo de la economía.
Si pese a todos los argumentos expuestos, el Parlament termina aprobando este canon por conexión a Internet, las empresas afectadas, como ya se ha anunciado desde Ametic, se verán obligadas a iniciar acciones legales tendentes a su anulación, lo que harán ante las instancias jurídicas pertinentes ya sea en el ámbito autonómico, nacional o europeo.
