La CNMC ha publicado una consulta pública para actualizar los precios de acceso a la infraestructura física de Telefónica (conductos, cámaras de registro, arquetas, postes).
Índice de temas
Acceso a conductos
Como recuerdan desde la Comisión, desde 2008 los operadores de telecomunicaciones pueden hacer uso de la infraestructura física de Telefónica para efectuar sus propias implementaciones de red. Las condiciones, los precios, los plazos y los procesos que guían las relaciones entre los operadores alternativos y Telefónica, cuando éstos le pidan utilizar sus conductos para desplegar a través de ellos sus propias redes de fibra óptica, están recogidos en la oferta MARCo.
El acceso a los conductos es fundamental para que los operadores desplieguen redes de nueva generación y es una de las obligaciones que se impuso a la operadora comandada por José María Álvarez-Pallete en la regulación de los mercados de banda ancha. De acuerdo con la regulación vigente de la CNMC, Telefónica debe ofrecer el acceso a precios calculados con un modelo de costes ascendentes (bottom-up).
Consulta pública
La consulta pública actualiza dos tipos de precios: los recurrentes y los no recurrentes.
Los precios recurrentes son los que los operadores pagan a Telefónica de manera periódica (por ejemplo, el precio mensual por kilómetro de subconducto). En este caso, la CNMC propone un aumento de cerca de un 20% de media teniendo en cuenta factores como el coste de capital (WACC), la vida útil de las infraestructuras de obra civil o su estado de amortización, siguiendo la Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de febrero de 2024, sobre la promoción por vía normativa de la conectividad de Gigabit.
Por otra parte, para los precios no recurrentes (cuotas de alta y similares a abonar una sola vez por cada solicitud), la propuesta de la CNMC sería revisar los precios al alza un 11%, para compensar el incremento del coste de la mano de obra desde 2021, fecha en que se establecieron por última vez esos precios.
La propuesta de la CNMC se somete ahora a un proceso de consulta pública durante un mes para recabar la opinión de organismos, operadores de comunicaciones electrónicas o asociaciones sectoriales, entre otros.
