La digitalización de la AAPP española se ha acelerado estos años. En este proceso, ¿cómo se encuentra el sector público en materia de conectividad?
La situación excepcional que hemos vivido ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar una Administración digital con capacidad de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de una forma más ágil y efectiva.
“En los últimos años se ha producido en España una importante inversión”
En los últimos años se ha producido en España una importante inversión que ha permitido progresar en la digitalización de la gestión de los servicios públicos.
Las instituciones deben buscar el modo de impulsar su competitividad y rentabilidad con nuevos modelos operativos e inversiones en tecnologías emergentes para ser más efectivas, eficientes y transparentes. El principal objetivo es aumentar la calidad del servicio, además de propiciar un acceso más fácil e intensificar la participación ciudadana.
“Los nuevos objetivos de la UE estipulan que todos los servicios de la Administración Pública deberían estar disponibles online para 2030”
Los nuevos objetivos de la UE estipulan que todos los servicios de la Administración Pública deberían estar disponibles online para 2030. De ahí que la mayoría de las organizaciones quieran desarrollar ofertas de servicios automatizados durante los próximos meses.
Según el eGovernment Benchmark 2021, el informe anual que Capgemini proporciona a la Comisión Europea y en el que arroja información sobre el nivel de disponibilidad de servicios en Internet de la Administración Pública en Europa, la pandemia empujó a los gobiernos europeos al cambio, incluyendo la forma en que se prestan los servicios públicos.
Todos los gobiernos están dando pasos significativos en la digitalización de la prestación de servicios públicos, demostrando con éxito su capacidad de servicio online frente a una crisis global. Pero, a pesar de estar acelerando el paso de servicios offline a los online, esto no se traduce automáticamente en un aumento del uso, la satisfacción o la inclusión.
“A pesar de estar acelerando el paso de servicios offline a los online, esto no se traduce automáticamente en un aumento del uso, la satisfacción o la inclusión”
Es necesario un esfuerzo extra por parte de las instituciones para centrarse en la evolución de sus estrategias de digitalización con el objetivo de tener en cuenta estas tres dimensiones y garantizando así que los ciudadanos encuentren un valor continuo en la Administración electrónica, evitando que nadie se quede atrás.
En este sentido, en España se están haciendo las cosas muy bien. No en vano, la disponibilidad online del 94% de los servicios de la Administración Pública sitúa a nuestro país 13 puntos por encima de la media europea (81%). Además, cabe destacar que el 100% de los procesos son transparentes en cuanto al tratamiento de datos personales, y la apuesta de la Administración española por la identificación electrónica al ofrecer la gran mayoría de sus servicios online este método de reconocimiento ya sea a través de documentos electrónicos, fuentes auténticas o correo digital.
¿En qué medida ha afectado la pandemia en la forma de comunicarnos y trabajar en este entorno? ¿El digital workplace y el teletrabajo han llegado a la Administración para quedarse?
Si algo ha demostrado la pandemia en todos los sectores es la necesidad de realizar una transición de los servicios offline a los servicios online en momentos en que las interacciones cara a cara se veían imposibilitadas. También es el caso de la Administración Pública, que ha visto en esta crisis sanitaria una oportunidad de evolucionar hacia una nueva realidad donde predomina lo digital.
Durante la crisis sanitaria, más que nunca, los servicios gubernamentales funcionaron como servicios en línea por defecto. Ese movimiento ha creado una proliferación de aplicaciones cuyo manejo se ha posicionado en un primer plano. Las Apps son las claves de la experiencia ciudadana y son la forma de convertir los datos liberados en valor añadido para los ciudadanos, las empresas y la propia administración.
“Para que los empleados de una compañía prosperen en el mundo digital actual necesita un digital workplace que les permita crear, colaborar y comunicarse fácilmente”
Para que los empleados de una compañía prosperen en el mundo digital actual necesita un digital workplace que les permita crear, colaborar y comunicarse fácilmente; un lugar en el que estén equipados con las herramientas que necesitan para añadir un verdadero valor a su organización.
El lugar de trabajo está cambiando. A medida que se vuelve cada vez más digital, las empresas deben transformar tanto el entorno de trabajo físico como las formas en que los empleados se relacionan entre sí en una transformación cultural.
En este tiempo de pandemia, la tecnología ha sido un elemento clave para seguir trabajando ante la imposibilidad de desarrollar las labores habituales en presencial, demostrando que favorece transformaciones que afectan en positivo a la mejora de la eficacia, el bienestar de las empleadas y los empleados públicos y la creación de una administración digitalizada, más abierta y participativa.
Real Decreto-Ley 29/2020 (BOE del 30 de septiembre), conocida como la nueva ley de teletrabajo de los funcionarios o ley de teletrabajo en la Administración pública en la que se expone que el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
Las principales ventajas que aporta esta nueva regulación, tanto para la sociedad como para las administraciones públicas son, según el acuerdo firmado, el fomento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Administración digital, la reducción en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental, o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, respetando en todo caso los principios de transparencia, igualdad entre mujeres y hombres y corresponsabilidad.
El teletrabajo habrá de ser “expresamente autorizado y será compatible con la modalidad presencial”, si bien tendrá carácter voluntario y reversible “salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados”, dicta la ley. Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana a partir de enero de 2022, mientras que los dos días restantes serían de carácter presencial.
Por otra parte, ¿cómo está funcionando la red SARA? ¿Qué avances y beneficios aporta?
La red SARA permite que las administraciones compartan entre ellas todos los servicios que estimen necesarios, poniendo a su disposición la infraestructura tecnológica necesaria para ello. Existen servicios comunes que facilitan el despliegue de la oferta de administración electrónica y a los que las diferentes administraciones pueden acceder. El objetivo principal es impulsar la implantación de la Administración Electrónica en todo el territorio español.
SARA supone un importante instrumento de ahorro y aumento de eficiencia para las administraciones públicas.
¿Cómo está abordando la AA.PP, española los nuevos retos de conectividad con IoT, 5G o Wi-Fi6E?
Los ciudadanos esperan de los servicios públicos una experiencia similar a la que tienen cuando realizan compras o efectúan gestiones de banca online. Además, los servicios personalizados y predictivos constituyen otra de las demandas de los ciudadanos.
El Internet de las Cosas tiene potencial para transformar el sector público ya que altera profundamente la forma que tienen los organismos públicos de recoger los datos y la información al combinar las principales tendencias técnicas y de negocio de movilidad, automatización y análisis de datos. La Administración Pública puede aprovechar el IoT para proporcionar mejores servicios. Se puede ver como incursiona en las escuelas, servicios públicos, aplicación de la legislación y otras funciones de la Administración Pública en dónde puede tener beneficios de la aplicación para romper esquemas y encontrar maneras innovadoras de servir al público.
Por otra parte, con la proliferación de dispositivos, la disminución de la latencia, la llegada del 5G y los desarrollos del IoT, muchas tareas y procesos complejos pueden llevarse a cabo sin la necesidad de un procesamiento inmediato en la nube. Los datos sensibles se pueden procesar cerca del Edge, eliminando las preocupaciones de seguridad, con un análisis de datos más rico impulsado por una capa de la nube.
“5G va a jugar un papel determinante para que las instituciones conecten mejor con los ciudadanos”
Como parte de su ‘viaje’ hacia la transformación digital, el 5G va a jugar un papel determinante para que las instituciones conecten mejor con los ciudadanos. Es el propio ciudadano quien ya exige a la Administración mejores servicios y más facilidades para solucionar sus trámites. Las entidades públicas tengan que contar con los mejores socios, aquellos que cuenten con las soluciones más innovadoras y disruptivas, como es el caso hoy del 5G.
En cuanto a Wi-Fi, la última generación es el Wi-Fi 6. Se trata de una mejora de las versiones anteriores: más velocidad, mayor número de dispositivos conectados simultáneamente, mejor coordinación de estos, etc. Aumenta la velocidad de envío y recepción de datos al emplear un espectro hasta ahora no disponible. Al ampliar el espectro disponible, añade más canales para que se conecten más dispositivos a la vez. Así será más difícil congestionar la conexión.
¿En qué punto estamos en el avance de la e-Administración?
En los últimos años, la Administración Pública ha ido modernizándose y aproximándose más al ciudadano. Las TIC e Internet, lejos de ser una amenaza, han supuesto la oportunidad idónea para que las Administraciones Públicas se abran al mundo, flexibilicen sus procedimientos y faciliten la comunicación y la interacción con el ciudadano. Se trata, de este modo, de avanzar en un modelo de prestación de servicio público abierto, accesible, transparente, simplificado, seguro y participativo. Es lo que se conoce como e-Administración o Administración Electrónica.
En el ámbito estatal, los resultados que podemos encontrar son muy diversos, dependiendo de la Comunidad Autónoma objeto de análisis o del municipio que escojamos donde se implante la e-Administración. En los dos últimos años es destacable: a) La gran reducción del esfuerzo inversor en TIC que han llevado a cabo las Administraciones Públicas (sea cual sea su ámbito territorial), y b) La interrupción de la trayectoria convergente respecto de la seguida en Europa.
Desde una perspectiva autonómica, los resultados obtenidos en el ranking de disponibilidad media de los e-Servicios, muestra una media regional del 80% de disponibilidad. Por encima de este valor están situadas tan solo 9 Comunidades Autónomas. Asturias y Madrid son las autonomías que mejor resultado obtienen —con un porcentaje del 99% y del 98% respectivamente de disponibilidad— y Melilla es la que cierra la lista —con un grado de disponibilidad media del 50%—. Ello nos induce a pensar que todavía queda mucho por hacer.
A nivel local, un reciente estudio de percepción que ha elaborado la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, incorpora unos resultados muy significativos respecto de la tasa de penetración de la e-Administración por tamaño de municipio. Así, mientras que, en municipios inferiores a los 2.000 habitantes, menos del 30% de los ciudadanos son usuarios de la Administración Electrónica, en municipios superiores a los 400.000 habitantes, son usuarios de esta en torno al 60% de ellos. Además, en los municipios menos densos, el uso que se hace de la e-Administración es indirecto, es decir, a través de un tercer agente que, en muchas ocasiones, resulta ser un empleado público. Ocurre todo lo contrario en los grandes municipios.
Y un aspecto decisivo en estos tiempos, ¿qué planes hay en materia de seguridad en las comunicaciones?
Indudablemente, el elevado número de casos de ataques cibernéticos y los perjuicios ocasionados nos alertan de los efectos de no invertir en ciberseguridad por parte de la Administración Pública. A este respecto, las previsiones no son nada halagüeñas y se espera un incremento inexorable de este tipo de ataques que cada vez se presentan más sofisticados, alimentados quizás por la inevitable exposición de datos y sistemas provocada por la necesidad de respuestas y soluciones rápidas a la Covid-19.
“Las diferentes Administraciones sí son conscientes de que su infraestructura TI es su talón de Aquiles”
En realidad, las diferentes Administraciones sí son conscientes de que su infraestructura TI es su talón de Aquiles. Los delincuentes lo saben y actúan sin contemplaciones. No es de extrañar, por tanto, que Gartner informe de que el mayor aumento de todo el gasto del 70% de los gobiernos mundiales se destina a la ciberseguridad. Otra tendencia al alza es el nivel de cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. Por ejemplo, el Reino Unido e INTERPOL están creando un nuevo centro de operaciones cibernéticas en África que trabaja en Etiopía, Ghana, Kenia, Nigeria y Ruanda para apoyar operaciones conjuntas contra la ciberdelincuencia.
Para combatir esta problemática, la inversión y la colaboración aumentarán notablemente en los próximos años, garantizando que las autoridades públicas sigan el ritmo del ilimitado ingenio de los ciberdelincuentes, mantengan la capacidad de recuperación y permitan a los gobiernos, los ciudadanos y las empresas operar con normalidad, sin imponer restricciones intolerables en la vida cotidiana.
Finalmente, ¿de qué forma ayudarán los Fondos Europeos Next Generation a cumplir con los objetivos de España Digital 2025?
España ha recibido el 20,8% de todos los Next Generation Funds en Europa que son 140.000 millones de euros. Casi el 50% de este volumen (69.528 millones de euros), se ejecutará en forma de subvenciones y el resto serán créditos. Desde el segundo trimestre de 2021, y al menos hasta el final de 2023, las diferentes administraciones han ido ya publicando convocatorias de concursos públicos, subvenciones y otras líneas de ayuda orientadas a cumplir con los objetivos del plan (la transición ecológica y digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género).
Las comunidades autónomas y corporaciones locales van a gestionar el 15% de estos fondos(10.318 millones de euros) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado a realizar inversiones, reformas y transición digital. Estos fondos se han repartido entre las comunidades autónomas en base a criterios como población, PIB, renta per cápita y tasa media de paro en los últimos 5 años. Por su parte, los Ayuntamientos reciben el 7,8% de los fondos (esto es 1.483 millones de euros).
