En su respuesta a la consulta pública sobre la propuesta de Agenda Digital para España abierta el pasado 25 de julio, Redtel, la asociación española de operadores de telecomunicaciones con red propia, valora muy positivamente las propuestas realizadas que incorporan objetivos y medidas muy relevantes para el sector como “la eliminación de barreras para el despliegue de infraestructuras, el acceso a infraestructuras públicas disponibles, la fijación de límites únicos de emisión, la regulación de las Administraciones Públicas como operadores o la simplificación del pago de la tributación”.
La eliminación de trabas normativas, tributarias y administrativas para facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones, promoviendo la unidad de mercado y la simplificación burocrática ha sido siempre una de las principales reivindicaciones de Redtel. La asociación reclama larápida publicación del Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones y pide el apoyo de todas las fuerzas políticas para su tramitación en las Cortes porque estas medidas “constituyen no sólo un valor para el propio sector de las telecomunicaciones sino para el resto de sectores debido a la palanca transformadora y al aumento de la competitividad que conlleva la digitalización de la economía española”, explica la asociación en su respuesta.
En algunas de las propuestas y objetivos planteados Redtel aprecia cierta falta de concreción y claridad, y por eso en su respuesta a la consulta pública solicita profundizar en estos aspectos para facilitar su implementación y posterior seguimiento. En concreto, la asociación considera necesario establecer un calendario con indicadores concretos (KPIs), los marcos legales precisos y los recursos disponibles para cada una de las medidas, así como, realizar un seguimiento de dichos indicadores mediante la publicación de informes periódicos. Esto es especialmente importante para las medidas relativas a la administración electrónica que persiguen lograr una prestación eficiente de los servicios públicos.
En relación a los objetivos europeos de cobertura y uso de redes de banda ancha ultrarrápidas, señala que “se debe tener en cuenta una serie de condicionantes como la situación actual de la economía y el consumo así como la situación de partida de cada país”, y recuerda que “la Comisión Europea se encuentra actualmente en un proceso de revisión de la Agenda Digital para Europa”.
En los comentarios al primero de los objetivos: fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, Redtel alude una vez más a la necesidad de revisar y reducir la actual carga fiscal del sector para dar un mayor impulso a la inversión. Además de la eliminación de tributos arbitrarios e injustificados, la asociación propone la introducción de incentivos fiscales al despliegue de redes ultrarrápidas fijas y móviles. En el caso de que se adjudiquen nuevas ayudas públicas para la extensión de la banda ancha, Redtel reclama un mayor control sobre el papel de las administraciones públicas territoriales para poner fin a la situación actual de competencia desleal.
En cuanto a la banda ancha, la clave en este punto, según Redtel, está en estimular la demanda para lo que es necesario incrementar el valor percibido por los ciudadanos y empresas mediante más y mejores servicios de administración electrónica. Una forma de incentivar su uso sería trasladar a ciudadanos y empresas el ahorro de costes derivado del mismo, por ejemplo, reduciendo las tasas de los servicios administrativos electrónicos con respecto a los presenciales.
Redtel se refiere igualmente en su respuesta al control de la calidad del servicio a los usuarios. Los operadores consideran fundamental la atención al cliente por lo que han venido adoptando distintas medidas dentro de sus estrategias comerciales. Con el fin de reforzar la unidad de mercado también en la protección al usuario y reducir el coste para la administración pública, Redtel estima necesario acabar con la actual dispersión normativa en materia de consumo y las múltiples vías de tramitación de reclamaciones que no garantizan la coherencia de criterios para su resolución.
