España ha adoptado una serie de normas de distinto rango que ponen el foco en aspectos esenciales de la digitalización como, por ejemplo, la mejora de las infraestructuras o la gestión de los datos y su seguridad. Este marco normativo se ve complementado por una serie de documentos estratégicos ya sea en ámbitos genéricos, como el Plan España Digital 2026, o en ámbitos más específicos.
Un modo de acercarse a este intricado marco legal y de planificación es leerlo a partir de los principales ámbitos temáticos que cubre y situarlo en el contexto europeo.
Infraestructuras y competencias digitales
Una base esencial para la transformación digital es la existencia de una infraestructura adecuada. Para este fin, en junio de 2022 se publicó la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Actualmente existe un anteproyecto para adoptar una nueva ley en este ámbito que transpondrá al ordenamiento jurídico español el código europeo de las comunicaciones electrónicas adoptado en 2018.
El Código Europeo de las comunicaciones electrónicas, hace énfasis entre otros aspectos, al acceso de los operadores a las redes y a la cooperación de los estados miembros en la gestión del espectro radioeléctrico. Además, proporciona un marco a largo plazo para el 5G y en general para el desarrollo de otras TIC de nueva generación.
Con el fin de desplegar redes de muy alta capacidad y contribuir a la aplicación fluida de las medidas normativas contempladas en el Código Europeo de las comunicaciones electrónicas, la UE ha adoptado un Reglamento que establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).
También cabe citar en este ámbito. La Directiva sobre comercialización de equipos radioeléctricos destinada a garantizar que estos equipos hagan un uso lo más eficiente posible del espectro.
O la Ley General de Comunicación Audiovisual. Esta iniciativa legislativa traspone al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual ante la evolución de la realidad del mercado, en la que existen nuevos agentes y servicios audiovisuales al albur de las tecnologías digitales. Con ella se moderniza la Ley de Comunicación Audiovisual vigente (2010) que establece obligaciones casi exclusivamente para la Televisión Digital Terrestre en abierto. Así, sobre este último punto, el Gobierno presentó una orden en febrero de 2022 en la que se establecen las actuaciones que deben realizar los operadores prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas móviles en las bandas de frecuencias del primer dividendo digital y del segundo dividendo digital para garantizar que la puesta en servicio de las estaciones emisoras en dichas bandas no afecte a las condiciones existentes de recepción del servicio de televisión.
También en 2022 se aprobó la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. El objetivo es facilitar que los consumidores puedan ejercer sus derechos ante las empresas que hayan contratado de una forma más rápida y sencilla y con mayores garantías.
Al igual que ocurre con las infraestructuras, las competencias digitales de la población son otro elemento esencial para la transformación digital. En este ámbito podemos citar, como marco general el Plan España Digital 2026. Además, se han puesto en marcha diferentes iniciativas como el Plan Nacional de Competencias Digitales.
Gestión de datos
Dentro del universo de los datos existen diferentes visiones. Los datos se pueden contemplar, por ejemplo, teniendo en cuenta su accesibilidad por parte de la ciudadanía. Según el Informe del Portal Europeo de Datos 2018, España se sitúa en segunda posición europea en iniciativas en materia de datos abiertos (open data). Este esquema está amparado por la Ley sobre reutilización de la información del sector público de 2007 que adaptaba una directiva europea de 2003.
Esta antigua directiva ha sido sustituida en 2019 por la Directiva relativa a los datos abiertos (open data) y la reutilización de la información del sector público. Esta norma proporciona un marco legal común para un mercado europeo de datos en poder del gobierno (información del sector público). Se basa en dos pilares clave del mercado interior: transparencia y competencia leal. No obstante, en diciembre de 2022, el congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 24/2021, donde se transponían varias directivas europeas, entre las que se encontraba la Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Esta directiva busca ampliar el ámbito de aplicación de la normativa anterior, adecuando las garantía y obligaciones jurídicas al panorama actual de innovación, donde tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) podrían beneficiarse de una mayor disponibilidad de datos del sector público. Esta iniciativa está alineada con la Estrategia de datos de la Unión Europea para la creación de un mercado único de datos donde la información fluya libremente entre Estados y entre sectores. Con este Real Decreto-ley se procedió a modificar las previsiones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, aportando novedades en materia de sujetos obligados, tipos de datos a considerar de especial interés o procedimientos de tramitación de solicitudes, entre otros aspectos
Otro avance normativo ha sido la aprobación, a través de una orden ministerial, de una Oficina del Dato que se encargará de diseñar las estrategias del gobierno en materia de gestión de datos, y de creación de espacios de compartición de datos entre empresas, ciudadanos y administraciones públicas de manera segura.
Por otra parte, la UE aprobó en 2018 el Reglamento relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales cuyo es objeto garantizar la libre circulación de este tipo de datos mediante el establecimiento de normas relativas a los requisitos de su localización, la disponibilidad para las autoridades competentes y la portabilidad para los usuarios profesionales.
Los datos también se pueden tener en cuenta como un factor de crecimiento económico. Es lo que hace, en el marco de planificación, la Estrategia digital Europa, un documento orientado a impulsar la transición digital fomentando una economía digital justa y competitiva. Y también la Estrategia Europea de Datos, en este caso con el objetivo más específico de crear un mercado único de datos.
Protección de datos y ciberseguridad
Otro aspecto crucial sobre los datos es su protección. España cuenta desde 2018 con unaLey de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales que recoge una serie detallada de derechos, responsabilidades, procedimientos y sanciones en una amplia casuística. Esta ley adapta el Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de datos personales de la UE.
Respecto a la ciberseguridad, el gobierno de España publicó en marzo de 2022 la famosa Ley de Ciberseguridad 5G. La norma se encuentra en vigor desde el 31 de marzo tras aprobar el Gobierno el Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G, acelerando el proyecto de ley en el que estaba trabajando ante el incremento de los riesgos de seguridad y ciberataques que pueden producirse en el nuevo escenario geoestratégico que ha provocado la agresión a Ucrania. Esta Ley incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la caja de herramientas (tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. La caja de herramientas identifica las principales amenazas y vulnerabilidades, los activos más sensibles y riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.
En este ámbito la UE cuenta con una directiva adoptada en 2016 y, adicionalmente, con un Reglamento que establece los objetivos, tareas y aspectos organizativos relativos a ENISA(Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad). Más recientemente ha adoptado la Ley de Ciberseguridad de la UE.
En la esfera de los marcos de planificación, España posee una Estrategia de Ciberseguridad Nacional que propone un modelo integrado basado en la implicación, coordinación y armonización de todos los actores y recursos del Estado, en la colaboración público-privada, y en la participación de la ciudadanía.
También por razones de seguridad se hace necesario que, en determinadas circunstancias las autoridades puedan tener acceso a ciertos datos. Para este fin existe en España la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Esta ley transpone la legislación europea sobre la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados.
La directiva que esta ley transponía fue anulada, pero, según el derecho comunitario, la ley nacional adoptada debe seguir vigente.
Sectores de gran proyección
Blockchain criptomonedas, fintech, Internet de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, robótica, conducción autónoma, etc. Estos son algunos de los sectores emergentes que en los próximos años cambiarán radicalmente la producción industrial, la medicina, la movilidad, y las transacciones de todo tipo.
Algunos aspectos infraestructurales o de gestión y protección de datos asociados a estas tecnologías ya quedan cubiertos por las normas existentes. Sin embargo, es probable que en los próximos años sea necesario desarrollar otras normas de carácter más específico para poder tratar adecuadamente con nuevas realidades.
Este criterio de anticipación se plasma señalar en la Ley para la transformación digital del sistema financiero, destinada a tratar con la casuística generada por la irrupción de las TIC en este ámbito.
En cuanto a la planificación estratégica, en los últimos años se han aprobado documentos como: Internet de las cosas. Horizonte 2050; o la Estrategia nacional de Inteligencia Artificial.
Bruselas concede una enorme importancia a estos sectores de gran proyección y a su financiación. Para ello ha adoptado el Reglamento que establece el Programa Europa Digital 2021-2027. Comprende un marco financiero plurianual cuyo objetivo es reforzar las capacidades de Europa en informática de alto rendimiento, inteligencia artificial, garantizar su amplio uso en la economía y la sociedad.
El citado programa se ve complementado por el Reglamento que crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea destinado a agrupar recursos para construir una infraestructura de datos y de supercomputación
La Unión Europea ha sido particularmente prolífica en la producción de documentos donde se marcan pautas para el futuro desarrollo de los sectores de gran proyección. Entre ellos merecen destacarse los siguientes: Libro blanco sobre la Inteligencia Artificial; Coches autónomos: una gran oportunidad para la industria europea; o la Estrategia Industrial Europea
A todo ello cabe añadir la creación en 2018 dela Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI) y de la asociación público-privada dedicada a la robótica SPARC.
Planes sectoriales y otros documentos
Junto al cuerpo legislativo y las grandes estrategias, cabe añadir algunos planes y documentos que contribuyen a estimular el avance hacia la transformación digital. Entre ellos cabe citar el Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los territorios cuya misión es estructurar la vinculación de la conectividad digital con la actividad económica y la cohesión social y territorial con un destacado papel del sector público.
En esta misma línea, pero centrados en ámbitos más específicos es el Plan digitalización Pymes; el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y el Plan Nacional de Competencias Digitales.
El primero de ellos sostiene en su presentación que “la digitalización de las pymes adquiere una especial urgencia ante las circunstancias derivadas de la pandemia cuyo impacto es especialmente elevado en las pymes(..) por sus niveles más altos de vulnerabilidad y más bajos de resiliencia”.
En cuanto al plan de digitalización de las administraciones, su cometido es mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y empresas con garantías de protección de los datos, superando las brechas digitales sociales y territoriales e impulsando la eficiencia de las administraciones.
En los que se refiere al tercer plan, su propósito es elevar las capacidades de la población en el terreno digital de modo que se logre la meta de que el 80% de los españoles adquiera competencias digitales básicas.
Finalmente, la Carta de derechos digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto.
Legislación España
Normas
De reciente creación pues se publicó en el BOE el 29 de junio de 2022. Es la norma sectorial de referencia para el conjunto del sector. Con esta publicación finaliza un largo proceso de transposición al ordenamiento jurídico español el código europeo de las comunicaciones electrónicas adoptado en 2018.
En vigor desde el 31 de marzo de 2022 tras aprobar el Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G, acelerando el proyecto de ley en el que estaba trabajando ante el incremento de los riesgos de seguridad y ciberataques que pueden producirse en el nuevo escenario geoestratégico que ha provocado la agresión a Ucrania. Incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la caja de herramientas (tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea.
Esta iniciativa legislativa traspone al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual ante la evolución de la realidad del mercado, en la que existen nuevos agentes y servicios audiovisuales al albur de las tecnologías digitales
El objetivo es facilitar que los consumidores puedan ejercer sus derechos ante las empresas que hayan contratado de una forma más rápida y sencilla y con mayores garantías.
Persigue armonizar la explotación de la información en el sector público, en especial la información en soporte digital recopilada por sus distintos organismos relativa a numerosos ámbitos de interés como la información social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística,etc.
Tiene como objeto la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales, un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española
Esta ley transpone la legislación europea sobre la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados. La directiva que esta ley transponía fue anulada pero, según el derecho comunitario, la ley nacional adoptada debe seguir vigente.
Documentos estratégicos y marcos de planificación y desarrollo
Se trata de un plan global para avanzar de modo hacia la transformación digital del país. El gobierno pretende que esta transformación será una palanca fundamental para relanzar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. Es la actualización de la estrategia lanzanda en julio de 2020 como hoja de ruta de la transformación digital del país. Desde su presentación, se ha aprobado el Plan de Recuperación de España, se han publicado ocho planes específicos para su despliegue, se han puesto en marcha los principales programas de inversión, a nivel nacional, autonómico y local, y se ha avanzado en las reformas estructurales.
Es el marco de referencia de un modelo integrado basado en la implicación, coordinación y armonización de todos los actores y recursos del Estado, en la colaboración público-privada, y en la participación de la ciudadanía. La Estrategia crea una estructura orgánica que se integra en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
Documento de investigación promovido por el Instituto Español de Estudios Estratégicos vinculado al Ministerio de Defensa.
Documento del Ministerior de Ciencia, Innovación e Universidades como parte esencial de una visión de I+D+I propia clave para el desarrollo del marco europeodenominado “Plan Coordinado de la IA”, aprobado a finales de 2018.
Unión Europea
Normas
Comprende distintos ámbitos que van desde los derechos del consumidor hasta el acceso de los operadores a las redes y la cooperación de los Estados miembros en la gestión del espectro. Proporciona un marco a largo plazo para el despliegue del 5G y en general para el desarrollo de otras TIC de nueva generación.
Entró en vigor el 1 de noviembre de 2022. Los servicios digitales incluyen una amplia categoría de servicios en línea, desde siemples sitios web hasta servicios de infraestructuras de Internet y plataformas en línea.
Establece disposiciones aplicables a las plataformas que actúen como “guardianes de acceso” en el sector digital. Se trata de plataformas que tienen un impacto significativo en el mercado interior y sirven de pasarela importante para que los usuarios profesionales tengan acceso a sus usuarios finales.
Persigue la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y deroga una Directiva anterior de 1999. La finalidad última es garantizar que los equipos radioeléctricos hagan un uso eficiente del espectro.
Proporciona un marco legal común para un mercado europeo de datos en poder del gobierno (información del sector público). Se basa en dos pilares clave del mercado interior: transparencia y competencia leal.
Regula la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.
Es la primera pieza de la legislación de la UE sobre ciberseguridad. Proporciona medidas legales para impulsar el nivel general de ciberseguridad en el ámbito de la Unión.
El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) trabaja para que la UE disponga de un mercado único de comunicaciones electrónicas. Con arreglo a su nuevo mandato, desempeñará un papel importante a la hora de ayudar a los países de la UE a desplegar redes de muy alta capacidad y contribuirá a la aplicación fluida de las medidas normativas contempladas en el Código Europeo de las comunicaciones electrónicas.
Esta nueva regulación comprota cambios significativos en la protección de datos de carácter personal, tanto desde el punto de vista de los derechos de las personas, como de las obligaciones de las personas y entidades que tratandichos datos de carácter personal.
Propone instaurar un marco jurídico claro, exhaustivo y previsible para el tratamiento de datos que no tengan carácter personal a fin de crear un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión y las bases para desarrollar la economía de los datos
El Reglamento sobre ciberseguridad, establece, por un lado, los objetivos, tareas y aspectos organizativos relativos a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad); y, por otro lado, un marco para la creación de esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad.
Tiene por objeto garantizar la libre circulación en la Unión de datos que no tengan carácter personal mediante el establecimiento de normas relativas a los requisitos de localización de datos, la disponibilidad de los datos para las autoridades competentes y la portabilidad de datos para los usuarios profesionales.
El programa es un marco financiero plurianual cuyo objetivo es reforzar las capacidades de Europa en informática de alto rendimiento, inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales avanzadas y garantizar su amplio uso en la economía y la sociedad.
Tiene como objetivo agrupar recursos de la UE y 32 países participantes para construir en Europa una infraestructura de datos y supercomputación de clase mundial, y desarrollar un ecosistema en este sector competitivo en tecnologías y aplicaciones.
Documentos estratégicos y marcos de planificación y desarrollo
Está orientada a impulsar la transición digital poniendo la tecnología al servicio de las personas, fomentando una economía digital justa y competitiva,todo ello en el marco deuna sociedad abierta, democrática y sostenible.
La estrategia europea de datos busca convertir la UE en líder de una sociedad impulsada por los datos. La creación de un mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente por la UE y entre sectores, en beneficio de las empresas, los investigadores y las administraciones públicas.
Propone un marco para una Inteligencia Artificial fiable basada en la asociación con los sectores público y privado. El objetivo es movilizar recursos a lo largo de toda la cadena de valor y crear los incentivos apropiados para acelerar la implantación de la IA en la economía, también entre las pequeñas y medianas empresas.
Si bien esta estrategia no se englobaría, por su denominación, en la transformación digital, en realidad pone de relieve la digitalización como un elemento central en el futuro desarrollo de la industria.
En 2018, 21 Estados miembros y Noruega acordaron firmar una Declaración que crea la Asociación Europea de Blockchain (EBP) y cooperar en el establecimiento de una Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI) que apoyará la prestación de servicios públicos digitales transfronterizos, con los más altos estándares de seguridad y privacidad.
Informe publicado en 2017 por la Comisión Europea sobre el state of the art y el potencial de esta tecnología.
La Comisión Europea ha construido progresivamente una base sólida de intercambio de conocimientos y cooperación entre toda la comunidad de stakeholders en robótica. Esta base ahora incluye una asociación público-privada en robótica llamada SPARC.
