Siempre vienen precedidos de polémica, no les gusta que les llamen revendedores y argumentan que, a pesar de no disponer de infraestructuras como Telefónica Móviles, Amena o Vodafone, prestan servicios similares a estas últimas pero con tarifas más baratas. Se les conoce como operadores móviles virtuales (en adelante OMV).
En las últimas semanas, los OMV han adquirido gran protagonismo en los medios, un hecho originado, en gran parte, a partir de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) publicase el borrador del análisis del mercado de telefonía móvil realizado por los servicios del ente regulador, en el que se planteaba que sería recomendable abrir a terceros las redes de los operadores móviles para fomentar la competencia.
El informe exponía que los tres operadores móviles presentes en el mercado español “disponen de una posición de dominio colectiva y que su negativa a dar acceso a sus redes a operadores móviles virtuales influye en la natural convergencia de los servicios de fijo y móvil y afecta negativamente a los consumidores de telefonía móvil en España”.
Aunque el Gobierno afirma que no se pronunciará sobre la implantación de los OMV hasta que la CMT no elabore un informe definitivo sobre este mercado, lo cierto es que sólo esta suposición ya ha surtido efecto. Así, en las últimas semanas hemos comprobado cómo Telefónica Móviles, Vodafone y Amena han lanzado al mercado diferentes planes de descuento con los que, en algún caso, han llegado a reducir sus tarifas hasta un 71 por ciento. Desde Industria se aplauden estas ofertas para abaratar las comunicaciones de un negocio donde, aseguran, “hay margen de sobra para bajar los precios”. Y es que, a pesar de que la Administración no tenga potestad para decir cuánto se han de disminuir los precios, sí tiene capacidad para hacer que el mercado se mueva y que las operadoras se vean forzadas a reducir sus tarifas.
De hecho, un informe de la consultora IDC asegura que este tipo de compañías va a generalizarse en los próximos cuatro años en los países de Europa Occidental. Un impulso que, para ellos, va a disparar el número de clientes de OMV desde los 13 millones a final de 2005 a los 47 millones en 2009.
En España, la figura del OMV aparece contemplada por primera vez en el informe del antiguo ministerio de Ciencia y Tecnología de 10 de noviembre de 2000, encomendado por el Real Decreto Ley de 23 de junio de ese mismo año, sobre Medidas Urgentes para Desarrollar la Competencia en el Sector de las Telecomunicaciones. Un año después el Gobierno decidió anticipar la entrada de los Operadores Móviles Virtuales mediante la concesión de autorizaciones provisionales a 27 compañías: Abbla Mobile, Affinalia, Aló, Balada, Bearcom, Broadnet, BT Ignite, Clercom, Comunicaciones Avirón, Disatel, Ditelcom, Diverta, Genie, Globatel, Grupalia, Ola Internet, Peopletel, Phone Warehouse, Primus, Printelcard, Rentel, Seintel, Sky Point, Star Atlantic, System One World, Telechoice y Vallehermoso Telecom.
En marzo de ese mismo año llegó la primera regulación de estos agentes con una orden ministerial (CTE/601/2002) que dejaba a la voluntad de las empresas la firma de los acuerdos entre el operador con red y la empresa que alquila servicios, pero se obligaba a que los pactos fueran no discriminatorios.
Tres años después de publicarse esta normativa, sólo existen tres empresas registradas como operadores móviles virtuales en España -Tele2, Jazztel y la filial española de la operadora británica BT- y ninguna de ellas ha conseguido llegar a acuerdos voluntarios con algún operador móvil actual para dar el servicio que les permite la licencia.
Según Pedro Lisbona, director de Unidad de Negocio Doxa Consulting Group, es precisamente en el principio de no discriminación donde los operadores se muestran totalmente opuestos a la entrada de los OMV. Esto significa que si un operador, ya sea Movistar, Vodafone o Amena llega a un acuerdo con otra empresa para revenderle sus servicios está obligada posteriormente a dar el mismo trato a otro OMV que le solicitara el uso de su red. En opinión de Lisbona, “podría darse la posibilidad de que ambos agentes estuvieran dispuestos a establecer acuerdo comercial siempre y cuando se anulase esa cláusula”.
Tele2 ha sido la primera compañía, en España, en obtener una licencia como OMV. En Europa, donde es pionera dentro de este mercado, ya está presente en países como Austria, Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Finlandia, entre otros.
La operadora sueca considera que los OMV constituirán una fórmula eficaz para eliminar las barreras de entrada al mercado de la telefonía móvil, que redundará en beneficio de los usuarios al ofrecer una mayor capacidad de elección y un mayor dinamismo, como ha sucedido en otros países. No obstante, Tele2 insiste en que la figura del OMV no debe confundirse con la del revendedor de servicios o con Operador de Red Móvil (ver recuadro).
“A diferencia del revendedor, el OMV no se basa en un esquema de compra mayorista de minutos a los operadores convencionales para su posterior reventa minorista al cliente final, sino en una completa gestión del tráfico incluyendo elementos de red propios de conmutación y de interconexión”, subrayan fuentes de la operadora.
En este sentido y a tenor de su experiencia internacional, Tele2 considera este último modelo como el más conveniente para España; es decir, puede cuajar la figura de un OMV que cuente con infraestructura propia, salvo la red de acceso y sea capaz de reunir las siguientes características: establecer su propia política y estructura de precios; gestionar con libertad la numeración y la portabilidad de número; prestar los servicios con el mismo nivel de calidad que los operadores de red móvil; ofrecer su propia gama de terminales; tener sus propios departamentos de Marketing, Atención al Cliente, Distribución y Ventas, Facturación y Cobro y, por último, prestar servicios integrados de telefonía fija, móvil e Internet.
La verdad es que todos los operadores están recelosos ante la entrada de los OMV en el país. El presidente de Auna, Luis Alberto Salazar-Simpson, ha asegurado que en España no se da ninguna de las circunstancias que los gobiernos invocan para impulsar la entrada de estos agentes: ausencia de competencia, escasa reducción de precios, bajas tasas de penetración, escasos niveles de cobertura, inversión insuficiente o bajo nivel de introducción de nuevas tecnologías.
Por su parte, su homólogo en Telefónica Móviles, Antonio Viana-Baptista, también ha manifestado sus reservas hacia la posible entrada en nuestro país de los OMV. Así, ha afirmado que la aparición de actores “no comprometidos” con el desarrollo del sector desaceleraría la inversión, frenaría la innovación y ralentizaría las bajadas de precios.
A pesar de estas negativas, los operadores señalan que de regularse debidamente la entrada de estos agentes, y siempre que su presencia en el mercado fuera fruto del “diálogo” con los actuales operadores y no de la imposición del regulador, se llegaría a algún acuerdo.
Un ejemplo de ello lo tenemos con BT España. Así, según afirmó su presidente, Luis Álvarez, durante su intervención en el XIX Encuentro de las Telecomunicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander -organizado por AETIC y la Fundación Telefónica-, a pesar de que las operadoras móviles están interesadas en llegar a un acuerdo con BT como OMV, no han querido cerrar ninguna alianza porque las tres -Telefónica Móviles, Vodafone y Amena- están consideradas como operadores dominantes y tienen la obligación de ofrecer el mismo trato a todos, lo que supondría extender el acuerdo a operadores virtuales que son simples revendedores de minutos. Por ese motivo, el máximo responsable de BT se mostró partidario de una modificación en la Ley General de Telecomunicaciones, a fin de que las operadoras puedan negociar libremente los acuerdos con operadores de valor añadido. Una posibilidad, dijo, que está contemplada en la legislación comunitaria.
De la misma manera, el presidente de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, afirmó en una entrevista al diario Cinco Días, que la operadora había negociado con Vodafone un posible acuerdo para operar como OMV con la red de la filial británica en nuestro país, pero que si el Gobierno no regulaba a estos agentes, al final, “no habrá nada de nada”.
