El ministerio de Ciencia y Tecnología ha remitido a algunas de las principales operadoras españolas de telefonía el borrador de Real Decreto que regula las condiciones para la prestación de servicios o explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, y las obligaciones de servicio público.
En dicho documento, según publica La Razón, la secretaría de Estado de Telecomunicaciones fija el derecho a recibir una indemnización cuando se produzca una interrupción temporal del servicio telefónico desde una ubicación fija. En ese caso, el operador tendrá que indemnizar al abonado con una cantidad que será igual o mayor al promedio del importe facturado por los servicios interrumpidos durante los tres meses anteriores, prorrateado por el tiempo que haya durado, o en su defecto, cinco veces la cuota mensual de abono vigente en el momento de la interrupción, prorrateada también por el tiempo de duración de la misma.
En el borrador se estipulan además los motivos de exención que tendrá esta normativa. Así, en el caso de que se den o existan causas de fuerza mayor, el operador se limitará a compensar automáticamente al usuario con la devolución del importe de la cuota de abono, prorrateado por el tiempo que hubiera durado dicha interrupción.
A partir de la aprobación del nuevo Real Decreto, los operadores podrán exigir tanto en el momento de contratar como durante la vigencia del contrato, la constitución de un depósito de garantía. Este depósito se podrá exigir a los titulares que hubieran dejado impagados uno o varios recibos, en tanto subsista la morosidad.
La interrupción definitiva del servicio por impago se podrá sancionar por parte del operador si no se ha pagado la factura durante tres meses de servicio o si se han tenido dos suspensiones temporales.
