Parece que este 2004 las operadoras deberán rascarse más los bolsillos para cumplir con sus obligaciones fiscales ya que, a pesar de la situación por la que atraviesa el sector, el Gobierno ha considerado oportuno incrementar la tasa por el uso del espacio radioeléctrico un cinco por ciento, el máximo permitido.
Pero no termina ahí la presión fiscal sobre las compañías de telcos. Con el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones podrían aparecer nuevos impuestos, como el establecimiento de tasas por la creación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. En este sentido, se espera que los pagos no sean muy elevados ya que esta institución debería financiarse con parte del superávit generado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que en 2002 ascendió a 12,55 millones de euros, de los 23 millones de euros que recaudó.
Finalmente, otro de los gravámenes a los que deberán hacer frente las operadoras provendrá del servicio universal. El hasta ahora operador dominante ha afirmado en numerosas ocasiones que llevar la telefonía a toda España le ha supuesto un alto coste. Hasta la fecha, la CMT se había negado a repartir el coste de este despliegue, pero dejaba una puerta abierta para que en 2004 se pudieran repartir los costes que acarreaba la prestación del servicio.
Las críticas por parte del sector no se han hecho esperar. Desde Aniel, la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones, no han dudado en afirmar que con estos impuestos el Gobierno discrimina negativamente a las telecomunicaciones. Para la patronal, y teniendo en cuenta la situación que atraviesa el mercado, no solo se deberían congelar las contribuciones tributarias, si no que deberían reducirse, para impulsar una rápida recuperación del sector.
Según los analistas, más del dos por ciento de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones está destinado a pagar los impuestos tanto de la Administración Central como de los ayuntamientos, para que puedan desarrollar su actividad.
