La Ley de Protección de Datos española es la que contempla las sanciones más elevadas de toda Europa, lo que podría suponer una desventaja competitiva para las empresas de nuestro país. Esa es la principal conclusión de un estudio realizado por las Cámaras de Comercio que compara la regulación española y el resto de legislaciones europeas y que ha puesto de manifiesto las relevantes diferencias en cuanto a la gravedad de las sanciones que imponen una y otras.
Así, la Ley de Protección de Datos española aparece como el régimen sancionador más severo lo que, de acuerdo con las Cámaras de Comercio, podría perjudicar a las empresas españolas y hacer que los empresarios decidiesen trasladar su centro de negocios a otros países europeos para así gozar de menores sanciones y legislaciones menos estrictas.
Sirve como ejemplo el hecho de que frente a los 1.300 euros que prevé la sanción más elevada que contempla la legislación irlandesa, la Ley española contempla multas de hasta 600.000 euros.
Además de poner de manifiesto estas abismales diferencias, el estudio de las Cámaras de Comercio considera necesario cambiar el sistema de financiación de la Agencia de Protección de Datos. Según la opinión de las Cámaras, este organismo debería financiarse mediante partida presupuestaria y no a través de las multas y sanciones que impone.
