Según ha informado el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo en un comunicado, esta actuación de la ACC, organismo dependiente de la Generalitat, se ha producido de oficio para “dar respuesta” a las más de 8.700 reclamaciones recibidas durante 2004 por irregularidades en la contratación de servicios y productos de telefonía. El 24 por ciento de las reclamaciones a estas compañías corresponden a denuncias por servicios de Internet y conexiones a líneas de ADSL, según precisa la Agencia Catalana de Consumo, que recuerda que las sanciones pueden llegar hasta los 600.000 euros por expediente.
Los principales motivos de reclamación se centran en el cobro de facturas por servicios no prestados al usuario, diferencias entre el servicio de publicidad y el servicio recibido, la dificultad para darse de baja de los servicios, así como los retrasos en las altas del servicio, entre otros.
El director general de la Agencia Catalana del Consumo, Enric Aloy, ha anunciado que el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo “ha decidido actuar de manera proactiva y contundente ante la actual sensación de inseguridad y desprotección de los consumidores ante las prácticas de algunas empresas”. En este sentido, Aloy ha anunciado que para determinar la cuantía de las sanciones “se tendrá especialmente en cuenta la calidad del servicio al cliente, la reiteración de las malas prácticas, así como el número de afectados por la misma compañía”.
