El informe llega a la conclusión de que a pesar de existir unas condiciones macroeconómicas negativas, el sector de los servicios de telecomunicaciones está boyante. El sector de las telecomunicaciones es un factor muy importante de la economía europea que continúa creciendo (9,5 por ciento de crecimiento para finales de 2001), en el que destaca el segmento de la telefonía móvil (22,3 por ciento). Los precios, si bien se consideran demasiado altos, continúan bajando en su conjunto. La tasa de penetración de Internet sigue subiendo y las posibilidades de elección de los usuarios en el mercado de las TI aumentan. La Comisión destaca, en general, el buen papel de las Autoridades Nacionales de Regulación (ANRs; en España, la CMT) en el proceso de liberalización.
No obstante, la CE señala que todavía existen importantes cuellos de botella en la regulación de las telecomunicaciones, que deben ser suprimidos. El actual marco normativo no se ha implementado completamente ni uniformemente en toda la UE y existen ciertos aspectos de la regulación que se han enquistado impidiendo salvar las tendencias económicas negativas y alcanzar la evolución prevista hacia la plena competencia.
La principal barrera para la plena competencia es la completa implementación del principio de orientación a costes. El sistema de contabilidad de costes del operador dominante es uno de los grandes conflictos que mantiene la CMT y el informe destaca, con relación a España, la necesidad de que los precios de la cuota de abono del servicio telefónico fijo (demasiado bajo para cubrir el déficit de acceso) y del arrendamiento de líneas (de los más altos de Europa), se orienten a costes.
Según el informe, la apertura del acceso al bucle de abonado, que es una de las máximas prioridades para la Comisión, y por tanto para las ANRs, ha sido totalmente decepcionante. El acceso compartido sólo está disponible en cuatro estados miembros (entre ellos España) y el porcentaje de líneas de acceso en manos de los operadores entrantes es mínimo, principalmente por factores como el precio, la ubicación de los equipos y los plazos. El informe destaca la labor de la CMT, que ha adoptado medidas cautelares para agilizar el proceso de apertura, si bien siguen sin conseguirse los resultados deseados.
Una de las cuestiones que más preocupan a la Comisión Europea es el elevado coste de terminación de llamadas en las redes móviles, hasta el punto de estar estudiando la posibilidad de incoar expedientes sancionadores a varios operadores de telefonía móvil por abuso de posición dominante. La Comisión ha señalado los precios de terminación de España como de los más altos aunque, por otra parte, destaca ciertas medidas tomadas por los órganos españoles para incrementar la competencia en el mercado de telefonía móvil que exceden incluso de los mínimos impuestos por la normativa europea, como el proyecto de Orden Ministerial que regulará los Operadores Móviles Virtuales o la regulación de la portabilidad de la numeración móvil, objeto de un estrecho seguimiento por parte de la CMT.
Asimismo, el informe resalta la necesidad de definir claramente las funciones de las ANRs para evitar la inseguridad jurídica de lo nuevos operadores entrantes. La Comisión destaca la complejidad del sistema de división de funciones español, en el que las competencias se distribuyen entre diversos órganos que no gozan de una suficiente coordinación, la complejidad de los trámites administrativos y la falta de coordinación entre la administración central, autonómica y local en el despliegue de infraestructuras, considerado por los distintos operadores consultados como un problema crítico.
La aprobación del nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones está prevista para el próximo mes de marzo, una vez se resuelvan las divergencias entre el Consejo y la Comisión Europea sobre qué organismo (Comisión o ANR) debe tener la última palabra en la toma de decisiones, y su éxito dependerá en gran medida de la completa y uniforme implementación del marco normativo actual. La CE ha aprovechado este informe para concluir que la principal causa de la defectuosa liberalización de las telecomunicaciones es la necesidad de una mayor coordinación y uniformidad en la actuación de las ANRs, con la intención de inclinar la balanza a su favor en el conflicto que mantiene con el Consejo. Los Estados Miembros y las ANRs, por su parte, defienden la necesidad de conservar la última palabra en la toma de decisiones para asegurar que las medidas se adaptan a las necesidades nacionales y para evitar complicar el iter administrativo.
Garrigues & Andersen. Grupo de Telecomunicaciones
