Josep Piqué i Camps sustituye a Anna Birulés, que habrá tenido buenas intenciones pero no parece haber contentado a nadie: ni a la industria ni a los usuarios ni tan siquiera a las asociaciones de consumidores o internautas.
Piqué lo tiene más fácil, por algo fue portavoz del Gobierno y ese paso por un Ministerio que obliga a dar la cara constantemente enseña mucho. Vender el producto es esencial y Piqué seguro que se encarga de hacerlo bien durante el tiempo que permanezca al frente del ministerio de Ciencia y Tecnología. Un periodo que no se prevé demasiado largo porque Piqué está llamado a asumir otras responsabilidades: se presentará como candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat de Catalunya en las próximas elecciones.
Su mantenimiento en el Gobierno, aunque en un puesto de menor relevancia que el ministerio de Asuntos Exteriores, se interpreta como una fórmula idónea para dotarle de la plataforma institucional desde la que pueda hacer frente al reto de esas elecciones. La idea es que, desde su actual área de responsabilidad, Piqué pueda retomar las relaciones con el mundo empresarial catalán y morder algo del electorado de CiU.
Esta situación no parece gustar demasiado en el sector de las Telecomunicaciones donde el hecho de que esta cartera pueda ser únicamente un paso intermedio, no alegra en absoluto. No obstante, durante el tiempo que permanezca en el Ministerio, Piqué deberá sacar partido de su capacidad de gestión para apaciguar los ánimos de las compañías de Telecomunicaciones y del sector Audiovisual.
A pesar de ser grandes amigos desde hace muchos años y compartir aficiones Piqué y Birulés no se parecen demasiado. A Piqué siempre le ha tirado la política y la actividad pública, aunque también tiene experiencia como gestor de empresas, mientras que a la ex ministra Birulés parece atraerle mucho más todo lo relacionado con el mundo de la empresa privada.
Además, no parece probable que Piqué -con una enorme experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria profesional- cometa el mismo error de Birulés con la opinión pública. Mientras ésta presentó el “Plan Info XXI” varias veces, sin que se viesen resultados tangibles ni avances significativos, es de esperar que Piqué, un político avezado, no venda castillos en el aire sino resultados tangibles.
Josep Piqué, durante su permanencia al frente del ministerio de Energía, no sólo fue el inspirador de la creación de la actual cartera de Ciencia y Tecnología, sino que todos los indicios apuntan a que fue el gran valedor de Anna Birulés, hace algo más de dos años, cuando el presidente del Gobierno la designó ministra. Ahora que Piqué le ha relevado en Ciencia y Tecnología, se enfrenta a la necesidad de buscar un mayor consenso en la distribución de los fondos para investigación. También tendrá que hacer frente a la implantación de UMTS, que cada vez se retrasa más, la liberalización del bucle local y algunos otros temas de relevancia para el futuro como la implantación de la televisión digital terrestre.
Otra cuestión que deberá superar Piqué es el mayor escollo con el que se ha encontrado Birulés dentro del Gabinete: la falta de peso político. No parece que los obstáculos a los cuales tuvo que enfrentarse su predecesora en el cargo en sus relaciones con otras carteras como Hacienda, Educación o Administraciones Públicas para desarrollar su proyecto sean insalvables para uno de los cuatro supervivientes desde el primer Gobierno del Partido Popular, junto con Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Francisco Álvarez Cascos.
De momento, el nuevo ministro ha conseguido lo que le fue imposible a la anterior titular: que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) deje de depender del ministerio de Economía para hacerlo del de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, Piqué no las tiene todas consigo porque el departamento de Rodrigo Rato sigue manteniendo el control para fijar las tarifas de Telefónica.
La verdad es que la llegada de Piqué al Ministerio parece haber sido un revulsivo que ya se ha notado a nivel de calle. Apenas unas semanas después de su toma de posesión ya se pusieron en marcha algunas iniciativas de las que llegan y calan en la opinión pública. Una de las más llamativas fue el acuerdo alcanzado entre los ministerios de Interior y Ciencia y Tecnología para luchar contra el robo de los móviles. El acuerdo cuenta con la colaboración de todos los operadores de telefonía móvil y los fabricantes de terminales.
Por otra parte, con la llegada de Piqué parece haberse acelerado la Ley de Firma Electrónica, cuyo segundo borrador se publicó a primeros de agosto. Si bien es cierto que es un trabajo que ya llevaba tiempo desarrollándose, no es menos verdad que los laureles por la iniciativa se los llevará Piqué y no su antecesora. Este segundo borrador incorpora las bases para la regulación del Documento Nacional de Identidad electrónico. El texto también contempla la emisión de certificados a nombre de personas jurídicas. Es un trabajo en el que colaboran diferentes ministerios: Ciencia y Tecnología, Economía, Justicia, Administraciones Públicas e Interior. Con ello se pretende generalizar el uso de la firma electrónica como herramienta de seguridad de las transacciones, basándose en los principios de la directiva europea sobre esta materia.
Pocas semanas después de llegar al Ministerio, Piqué dio muestras de su talante emprendedor al anunciar su intención de sacar adelante una nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y flexibilizar los plazos de lanzamiento del UMTS.
El nuevo ministro se puso manos a la obra y abrió negociaciones con las operadoras que disponen licencia para operar utilizando esta nueva tecnología (Telefónica, Vodafone, Amena y Xfera).
Este servicio de telefonía de Tercera Generación tendría que haber empezado a funcionar en junio de 2002 y ante la imposibilidad de realizar su lanzamiento, el ministro se marcó como reto negociar un calendario más realista que el anteriormente previsto.
Al anunciar esta decisión Piqué volvió a dar muestras, una vez más, de su talante negociador: “Lo único que puedo asegurar es que las empresas de telecomunicaciones van a encontrar máxima flexibilidad”; aunque tampoco desaprovechó la ocasión para matizar que en cuanto a UMTS se refiere, en España las cosas sólo iban relativamente mal en comparación con el resto de Europa donde casi podrían calificarse de catastróficas. El propio Piqué recordó que “Telefónica ha congelado sus planes de UMTS para Europa, pero no para España” y no dejó pasar la oportunidad para subrayar lo bien que lo hizo el Gobierno en su día, cuando surgió la polémica sobre la fórmula para conceder las cuatro licencias de telefonía de Tercera Generación.
Fruto de esas negociaciones, a finales de diciembre pasado, el Gobierno y los máximos responsables de las cuatro operadoras UMTS españolas anunciaron un compromiso dirigido a reactivar el desarrollo de la Tercera Generación en nuestro país.
Las empresas de telefonía 3G se comprometían a acelerar el desarrollo y despliege de las infraestructuras y servicios necesarios, mientras que el Gobierno reduciría desde más de 7.000 millones a poco más de 1.000 el canon al cual tenían que hacer frente conjuntamente estas operadoras. El objetivo es que a finales de este año estén disponibles servicios precomerciales para suministrárselos a una serie de usuarios piloto. Con la experiencia adquirida, estas cuatro empresas tendrán que realizar los ajustes necesarios para que en el verano de 2004, se baraja el mes de junio como el más probable, sea posible comercializar UMTS de forma generalizada.
Este acuerdo responde a la idea de ayudar a operadoras a hacer más llevadera la pesada losa financiera que ha representado su entrada en el mundo UMTS y al convencimiento del ministro de que “a largo plazo, los móviles de Tercera Generación serán uno de los pilares sobre los que vamos a construir la Sociedad de la Información”.
En cuanto a la Ley General de Telecomunicaciones, Piqué la ha considerado desde el primer momento como uno de los objetivos prioritarios. De hecho, llevó el anteproyecto de Ley para su aprobación a una de las primeros reuniones celebradas por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero. La idea es poner en marcha una serie de medidas liberalizadoras dirigidas a flexibilizar el mercado telefónico.
