El Ejecutivo ha presentado un recurso de anulación contra la resolución de la Comisión Europea, según el cuál, se impone una sanción al operador español por abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha.
El objeto del recurso de la Administración se centra en la salvaguarda de las competencias del estado español y sus instituciones en este caso, la CMT – y no en la defensa de Telefónica.
La decisión de la CE deja sin efecto la resolución sobre este caso de la CMT, lo que, en palabras del gobierno español, genera inseguridad jurídica y afecta al desarrollo de un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones.
Las razones del recurso se centran en tres puntos: la vulneración de los principios de especialidad, seguridad jurídica y confianza legítima, ya que ambos órganos, CMT y CE, actúan sobre la misma materia, teniendo preferencia de actuación el primero dado que rige ese mercado concreto. El segundo de ellos es la vulneración del artículo 82, que otorga a la CE competencias para evitar el abuso de posición de dominio, aunque los condicionantes para ello no se han cumplido, siempre según el recurso de anulación presentado. Por último, se vulnera el deber de cooperación, ya que la decisión se ha tomado al margen de los procedimientos de cooperación entre CE y estados miembros, es decir, la CMT.
R
