La aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones el pasado viernes, 7 de marzo, acelera la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones que contempla, como principal característica, la creación de nuevos derechos para el usuario.
Así, el texto establece la prohibición de recibir publicidad a través de llamadas automáticas, mensajes de fax o correo electrónico (el conocido spam) salvo que el usuario manifieste su consentimiento.
Además, se mantiene el concepto de servicio universal como el derecho de todos los ciudadanos de recibir acceso telefónico a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica pero con la incorporación al mismo del acceso funcional a Internet, incluido en la normativa comunitaria.
El proyecto de Ley contempla además derechos del usuario como son la elección del medio de pago para pagar los servicios o el de resolver anticipadamente y sin penalización un contrato, si se modifican las condiciones contractuales.
La futura Ley General de Telecomunicaciones, además de reflejar nuevos derechos de cara al usuario, elimina la necesidad de las operadoras de contar con una autorización administrativa para poder comenzar a prestar servicios.
Esta mayor flexibilidad se ve sin embargo acompañada de un régimen sancionar más estricto para las operadoras, contemplando multas económicas e incluso la posible inhabilitación de un operador que cometa una sanción.
A modo de ejemplo, el proyecto de Ley establece para infracciones muy graves, aquellas relativas al incumplimiento de lo fijado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para mercados de referencia y operadores dominantes, multas de hasta veinte millones de euros.
