La futura Ley General de Telecomunicaciones, además de reflejar nuevos derechos de cara al usuario, elimina la necesidad de las operadoras de contar con una autorización administrativa para poder comenzar a prestar servicios.
Esta mayor flexibilidad se ve, sin embargo, acompañada de un régimen sancionador más estricto para las operadoras, contemplando multas económicas e incluso la posible inhabilitación de un operador que cometa una sanción.
A modo de ejemplo, el proyecto de Ley establece para infracciones muy graves, aquellas relativas al incumplimiento de lo fijado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para mercados de referencia y operadores dominantes, multas de hasta veinte millones de euros.
Desde la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) el director de Comunicación de la misma, José Fernández-Beaumont, considera que este Proyecto de Ley “se trata de una normativa con vocación de globalidad que incorpora la regulación europea, consolida el contenido y contempla los principios básicos necesarios para regular apropiadamente el sector y excluye los contenidos audiovisuales y la Sociedad de la Información”, según manifestaba en el transcurso de las primera Jornadas Profesionales REDES & TELECOM, celebradas el pasado 25 de marzo.
Estamos a un paso de contar con una nueva Ley General de Telecomunicaciones. El último jalón del camino alcanzado ha sido la aprobación del Proyecto, el pasado 7 de marzo, por parte del Consejo de Ministros. Esta decisión acelera la entrada en vigor de la nueva Ley que presenta sustanciales variaciones con respecto a la vigente (Ley 11/98, de 24 de abril), tanto en el fondo como en la forma. Con respecto a esta última destaca que la nueva normativa simplifica el contenido a 57 artículos frente a los 85 de la actual. Sin embargo las variaciones más significativas se acusan en el contenido donde se contempla, como principal característica, la creación de nuevos derechos para el usuario.
Así, el texto establece la prohibición de recibir publicidad a través de llamadas automáticas, mensajes de fax o correo electrónico (el conocido “spam”) salvo que el usuario manifieste su consentimiento.
Además, se mantiene el concepto de “servicio universal” como el derecho de todos los ciudadanos de recibir acceso telefónico a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica pero con la incorporación al mismo del acceso funcional a Internet, incluido en la normativa comunitaria.
