El director general de la patronal DigitalES, Víctor Calvo-Sotelo, intervino en el Congreso de los Diputados, en el marco de una jornada parlamentaria sobre la próxima Ley de Atención a la Clientela (Ley SAC).
Calvo-Sotelo arrancó su intervención abordando algunas de las características propias del sector de las telecomunicaciones. Destacó que se trata de un sector hiperregulado, que ofrece un nivel de innovación “brutal” y que “cada año proporciona servicios nuevos y mejorados”, en un contexto deflacionario por el que el cliente puede acceder a más y mejores servicios, a precios más ajustados. Y apuntó que la industria en España, en particular, ha sido pionera en la innovación en sus ofertas comerciales, siendo el primer país en ofrecer servicios paquetizados.
Al respecto de la futura Ley SAC, Calvo-Sotelo anotó tres grandes ideas. En primer lugar, señaló que muchas de las cuestiones relativas a la atención al consumidor se abordarían de manera más “eficaz y eficiente” desde la -“muy extensa”- regulación sectorial, que integra normativas como las siguientes:
- Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, de la calidad aplicable a los operadores de telecomunicaciones;
- Real decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas;
- Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
A estos textos se suma la labor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de seguimiento de las condiciones de competencia y de servicio en los servicios del sector.
Derivar a la normativa sectorial algunas de las obligaciones de la Ley SAC es algo que ya se ha acordado para el sector bancario, precisamente en aras de la eficacia y eficiencia regulatoria.
En segundo lugar, Calvo-Sotelo (en la foto) recordó que la Unión Europea promueve los mercados regidos por el principio de level playing field. En este contexto, el director general de DigitalES sugirió que ciertas obligaciones de atención al cliente que afectan a los operadores tradicionales de telecomunicaciones debieran extenderse también a las grandes plataformas digitales (OTT).
Por otra parte, se mencionaron los posibles riesgos derivados de falta de concreción de algunos artículos y de la posible interacción de esta leycon normas sectoriales preexistentes.
“Por los motivos expuestos, desde DigitalES se considera que el Proyecto de Ley SAC no cumple con los principios de eficiencia, proporcionalidad e, incluso, seguridad jurídica que son necesarios para la aprobación de un texto normativo”, concluyen desde la asociación.
