El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que el Gobierno español no actuó conforme al derecho comunitario al impedir a Telefónica reequilibrar sus tarifas en conformidad con una directiva europea y, así, entorpeció el desarrollo de la competencia en servicios de telecomunicaciones, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a dicha directiva.
Esta norma había sido adoptada antes de que se abriese la competencia al mercado y después de que la UE exigiera a los miembros que dieran a las operadoras la oportunidad de ajustar sus tarifas a los costes reales. Para ello, la directiva autorizaba a los países a mantener los derechos especiales vigentes en los servicios de telefonía vocal hasta el 1 de enero de 1998, al tiempo que instaba a los Gobiernos a permitir un reajuste de precios en función de las condiciones del mercado.
Aunque la normativa no establecía un plazo concreto para el reequilibrio de tarifas, el Tribunal considera que debía llevarse a cabo a un ritmo constante y con la mayor rapidez posible desde la entrada en vigor de la normativa, y no más tarde del 1 de enero de 1998. En cambio, el Gobierno español no ha demostrado que hubiera establecido, conforme a la directiva, un calendario de este tipo dentro del plazo fijado, ni que éste hubiera sido aprobado por la Comisión, señala el Tribunal en su fallo.
Además, la decisión de la Comisión Europea de junio de 1997 relativa a la concesión a España de plazos adicionales no autorizaba a las autoridades españolas a aplazar el cumplimiento de su obligación de suprimir los obstáculos al reequilibrio tarifario antes del 1 de enero de 1998, sino a aplazar la concesión de nuevas licencias, añade.
El fallo respalda el recurso presentado por la Comisión Europea en el cual denunció el incumplimiento por parte de España de la directiva para la liberalización de los servicios de telefonía y el suministro de infraestructuras. Al obligar a Telefónica a conservar una estructura tarifaria que perjudicaba a sus competidores y mantener unas tarifas que no correspondían a los costes reales, las autoridades españolas crearon una situación perjudicial para el desarrollo de la competencia, denunció el Tribunal.
