Mañana será la cita. Gobierno, asociaciones de consumidores y las patronales Astel y Aniel irán a examen. En Bruselas, el comisario de la Competencia, Mario Monti y el de Empresas y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, revisarán y evaluarán los documentos remitidos por dichas entidades en los que se rubrican las conclusiones sobre la situación del mercado de las telecomunicaciones en España.
De momento, la situación es bastante tensa. La patronal de operadoras Astel ha preparado un escrito con duras críticas al Gobierno, en el que denuncia la excesiva intervención del Ejecutivo, la debilidad de la Comisión del Mercado de Valores y la omnipresencia del ministerio de Ciencia y Tecnología.
La patronal que comprende a la práctica totalidad de las competidoras de Telefónica, considera que existe una clara incertidumbre en lo que se refiere a la tasa por el uso del espectro radioeléctrico, del que sólo se conoce que el nuevo canon se fijará en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado y que se adaptará a las nuevas condiciones del mercado.
Otra de las críticas vertidas por Astel se centra en los continuos cambios en el sistema de precios máximos que regula las tarifas de Telefónica. Y es que según la operadora, la continua variación de precios está creando una gran inseguridad en el sector. A este respecto, el Ejecutivo está esperando una respuesta de Bruselas tras el segundo requerimiento que envió a la Comisión Europea en el que figuraba la negativa del Gobierno español a aumentar la cuota de abono de Telefónica de forma inmediata tal y como se requería desde Bruselas.
Astel, también discrepa en el trato preferente que recibe Telefónica de mano del Gobierno. La patronal entiende como excesiva la presión a la que se someten los márgenes de las operadoras por la aprobación de descuentos a la principal operadora española.
Según la patronal de operadoras, el principal problema es la cuota de abono. En la actualidad está en 1.742 pesetas mensuales para los clientes finales de Telefónica, frente a las 2.163 pesetas también mensuales que la compañía cobra a sus competidores por alquilarles el bucle local. Esta tarifa, añade la operadora, hace imposible la competencia.
Asimismo, la permisividad del Gobierno ante la entrada de Telefónica en el mercado del ADSL minorista, con el consiguiente riesgo de crear un nuevo monopolio, y el retraso de la liberalización del bucle local, son otras de las denuncias que la patronal señala en el documento que hoy remitirá a Bruselas.
