Acogido con gran satisfacción por parte de operadoras y asociaciones, el pasado viernes se aprobaba en Consejo de Ministros el Real Decreto para la protección de los ciudadanos ante las emisiones de las estaciones radioeléctricas utilizadas por los operadores para la prestación de servicios de radiocomunicaciones.
Elaborado conjuntamente por los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo, la normativa obliga a los operadores a presentar certificaciones de los niveles de exposición en las áreas cercanas a las estaciones, de forma previa a autorizar su puesta en servicio. Para las estaciones radioeléctricas que ya están en funcionamiento, establece un plazo máximo de nueve meses para que los operadores presenten dicho certificado.
Además, el Real Decreto fija que el control de los niveles de emisión radioeléctrica sea continuo; para ello, los operadores deberán presentar un certificación de dichos niveles con carácter anual y el ministerio de Ciencia y Tecnología realizará inspecciones periódicas.
Como medida adicional, la nueva ley obliga también a los operadores a la señalización y vallado de las áreas próximas a las estaciones en las que se superen los límites de protección sanitaria establecidos.
El Real Decreto pretende dar respuesta a la confusión existente en la sociedad sobre los efectos nocivos de las radiaciones de las antenas de telefonía móvil y que ha llevado en los últimos meses a que múltiples ayuntamientos y comunidades autónomas elaborasen sus propias normativas al respecto, llegando en algunos casos incluso a prohibir la instalación de nuevas antenas de telefonía móvil.
Así, con anterioridad a la aprobación de la norma, el ministerio de Sanidad y Consumo realizó un estudio en el que se concluye que la exposición a campos electromagnéticos dentro de los límites recogidos en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999, no ocasiona efectos adversos a la salud.
En lo que se refiere a los sistemas de telefonía móvil, el estudio ministerial concluye que con los actuales valores de potencia de emisión y a las distancias calculadas en función de los criterios de dicha Recomendación, las antenas y los teléfonos móviles no representan un peligro para la salud pública.
