El Anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones (en adelante, LGT) incorpora los principios subrayados por el paquete de Directivas comunitarias, fundamentalmente, simplificación de los trámites administrativos y flexibilidad.
La nueva LGT aplicará diversas medidas con el fin de simplificar los trámites administrativos. Destaca, principalmente, la generalización y simplificación del régimen de autorizaciones generales en detrimento del sistema de licencias individuales, de forma que los operadores, una vez hayan notificado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en adelante, CMT) su intención de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, podrán comenzar a prestar sus servicios.
En cuanto a la obtención de derechos de ocupación del dominio público para el despliegue de infraestructuras, el objetivo de simplificar los procedimientos correspondientes se ve gravemente limitado por la extrema complejidad del sistema de competencias vigente en nuestro país y la falta de coordinación de las distintas Administraciones. No obstante, consideramos muy positiva la previsión de la nueva LGT de publicar y dar fácil acceso a la normativa específica que regule la ocupación del dominio público en cada ámbito territorial, si bien su aplicación práctica no estará exenta de dificultades.
Por otra parte, el Gobierno ha declarado que se ha procurado una simplificación del contenido de la Ley, de modo que, en la medida de los posible, ésta se limite al establecimiento de unos principios básicos que, en cuanto aspectos concretos, sean desarrollados en cada momento. Debemos señalar que, esta afirmación se cumplirá siempre que dicho desarrollo reglamentario se lleve a cabo de forma completa y en plazos razonables, mediante la aprobación de un solo texto reglamentario refundido, si es posible, y abreviando al máximo el periodo transitorio dispuesto por la nueva LGT. De no cumplirse estos requisitos, el efecto conseguido podría ser el contrario, es decir, un mayor caos normativo y gran inseguridad jurídica, como ha ocurrido con el desarrollo reglamentario de la actual LGT.
En cuanto al objetivo de flexibilizar el régimen normativo, destaca la sustitución del criterio de determinación de los operadores dominantes mediante el simple cálculo de su cuota de mercado, por la introducción de reglas tradicionales del Derecho de la competencia, adaptados al mercado de las telecomunicaciones, de forma que se impondrán obligaciones específicas ex ante a aquellos operadores que ostenten un peso significativo en los mercados y sectores concretos que se analicen conforme los nuevos criterios, obligaciones que se irán eliminando a medida que dichos mercados alcancen un nivel de competencia efectiva.
Grupo de Telecomunicaciones. Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios.
