El pasado día 7 se aprobó el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que reconoce Internet como un servicio universal de todos los españoles. Sin embargo, colectivos de internautas han denunciado que el artículo 36 esconde una violación de la privacidad al obligar a los ciudadanos a entregar a la Administración sus claves de cifrado sin ser necesaria una resolución judicial, según informan fuentes cercanas.
Incluye en su primer apartado que cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado. No obstante, el colectivo Computer Professionals for Social Responsibiliy (CPRS-ES) alega que el segundo apartado restringe este derecho ya que considera que la Ley pone en peligro el uso libre de la criptografía, de los sistemas de protección de información.
El artículo 2º dice lo siguiente El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la información, se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público las claves, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado (…).
En esta línea, CPRS-ES denuncia que, con el nuevo texto, los usuarios de sistemas criptográficos podrán ser obligados a entregar sus claves de cifra a petición de cualquier organismo público, junto con otros datos necesarios para la activación de la clave, como las contraseñas.
Por su parte, Carlos Sánchez Almeida, abogado especialista en delitos informáticos, comenta que ni el artículo 52 de la ley anterior ni el texto que redactó el equipo de Anna Birulés incluían la obligación de entregar las claves al Estado, un elemento que sí que ha añadido el equipo de Piqué a este proyecto de Ley. Además, la nueva normativa puede ser incompatible con el artículo 18.3 de la Constitución que garantiza el secreto de las comunicaciones; es decir, la Constitución sólo obliga a entregar las claves si existe resolución judicial, pero la obligación de entregarlas previamente podría estar vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones.
