El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los votos del Partido Popular (PP) y con los del Partido Socialista (PSOE), el proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones que se ha remitido al Senado.
Parte de la oposición, concretamente Izquierda Unida (IU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Grupo Mixto, coincidieron al criticar que el texto del Gobierno vulnera el principio de privacidad de las comunicaciones. Por su parte, Convergencia i Unió (CiU) y el resto de los nacionalistas hicieron hincapié en que con el texto se viola la conculcación de las competencias autonómicas.
Entre las modificaciones introducidas en el texto en su tramitación en Comisión la Cámara Baja destaca la atribución a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) de una nueva función inspectora de las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, función que antes residía en el ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias a esta atribución, la CMT tendrá potestad para abrir una inspección cuando considera que se vulneran materias en torno a los contenidos de ofertas y contratos sin tener que solicitarlo previamente al departamento que dirige Josep Piqué.
El texto también introduce un apartado, que ha suscitado gran polémica de los grupos y asociaciones de internautas, que da capacidad a la Administración para acceder a las claves de acceso a las comunicaciones electrónicas encriptadas en el marco de una investigación en la que se presuma que se ha cometido un delito a través de Internet.
