Los objetivos que se pretenden alcanzar con el Real Decreto (en adelante RD) vienen a satisfacer unas importantes demandas del sector desde hace tiempo, que no sólo se dan en nuestro país, sino también en otros de nuestro entorno (Alemania, Inglaterra, etcétera), como son la neutralidad tecnológica, proceso conocido como refarming, y la asignación de nuevo espectro para poder atender la creciente demanda y evitar la saturación de las redes móviles como consecuencia del aumento de tráfico que se produce, no tanto por el aumento de usuarios, que es reducido debido a estar en un mercado al borde de la saturación, sino a raíz de proliferación de smartphones y la introducción de nuevas aplicaciones sobre la base de tarifas más o menos planas. Además, plantea fijar las bases para desarrollar el mercado secundario del espectro (reventa), otro tema ampliamente debatido durante los últimos años, pero muy complejo de resolver.
En este RD se contemplan las bandas de 900 y 1800 MHz además de la de 2,6 GHz (obsérvese que la de 3.5 GHz no se aborda en esta ocasión, pero si fue motivo de consulta en el 2008), junto con el refarming, dividendo digital, neutralidad tecnológica y de servicios, reventa de espectro, etcétera, cuestiones que se abordan en su conjunto, en lugar de hacerlo individualmente, ya que unas decisiones tienen consecuencias más allá de su estricto ámbito de aplicación, y los agentes implicados han de conocer como se verán afectados en los distintos entornos en los que operan para poder tomar las mejores decisiones, no solo a corto plazo, sino a largo también, lo que se va a ver facilitado al establecer un marco jurídico único y garante de las condiciones a futuro, lo que es muy de agradecer y, sin duda, favorecerá el relanzamiento de nuevas inversiones.
Precisamente, por abordar tantas cuestiones, contiene un alto grado de complejidad, como se ha podido apreciar en las respuestas recibidas a la consulta pública lanzada por el Ministerio de Industria (MITyC) en junio del año pasado, y cualquier decisión adoptada es difícil que contente a todos, sobre todo porque tratándose del espectro –un recurso escaso–, favorecer a unos puede significar perjudicar a otros y, además, las situaciones de partida son muy diferentes, como así también los son la capacidad financiera que tienen unos y otros para acudir a un proceso de licitación, bien mediante subasta o concurso de méritos, algo que no está decidido aún. Todos quieren participar del negocio de la banda ancha (datos en movilidad), que es el único segmento que crece, ya que el negocio de la voz está estancado, y la única manera de hacerlo es disponiendo de frecuencias que si pueden estar situadas en la parte baja del espectro tanto mejor, ya que las condiciones de su propagación son mejores y, por tanto, requerirán menores inversiones para el despliegue necesario de las nuevas redes, básicamente de 4G (LTE).
La posición de los operadores móviles
En el escenario de partida se puede considerar, por una parte, la posición de los operadores móviles y dentro de estos destacar el papel de Yoigo, que es el único que solamente dispone de frecuencias en la banda de 2100 MHz, mientras que por otra se encuentran los operadores de cable, que están pidiendo entrar en el mercado del móvil para ser operadores “completos” y para lo cual necesitan la adjudicación de frecuencias, pero al ser su ámbito de actuación local, demandan la concesión de licencias de ámbito regional, una circunstancia que hasta ahora no se había contemplado, ya que todas las concesiones han sido de ámbito nacional. En el RD las principales bandas de frecuencias –las de 800 y 900 MHz– se licitarán a nivel nacional, lo que hará muy difícil y costosa su participación, ya que deberían agruparse todos los operadores de cable –Euskaltel, ONO, R y Telecable– para hacer una oferta conjunta. En cambio, la banda de 2,6 GHz se propone dividirla, y mientras que una gran parte se reserva para licitaciones a nivel nacional, un pequeño porcentaje se licitaría con ámbito inferior al nacional, lo que parece estar pensado para favorecer a los cableoperadores y que éstos puedan disponer de su porción de espectro para dar servicios de fijo, Internet y móvil a sus clientes, algo que ahora no pueden hacer salvo que dispongan de acuerdos como OMV con algún operador móvil con red propia (OMR). En el RD también se contempla una oferta mayorista con tecnología UMTS en la banda de 900 MHz.
Lo que el proyecto de real decreto no aclara es si el espectro se licitará en modo subasta o en concurso –de ello dependerá la cantidad finalmente recaudada por el Estado, y en estos tiempos de crisis…–, un tema crítico ya que condiciona las posibilidades que tengan y/o los compromisos que deban asumir unos y otros, además de que con el modelo de subasta unos bloques pueden resultar mucho más caros que otros. No obstante, para dar oportunidades a todos, y evitar que se pueda producir un falseamiento de la competencia en los mercados móviles afectados mediante el acaparamiento de espectro, se limitan los bloques máximos de espectro, imponiendo topes de 20 y 55 MHz en las bandas bajas y en las altas respectivamente, que cada operador pueda tener en cada una de las bandas, teniendo en cuenta lo que ya tiene y lo que pueda conseguir. También, y por el mismo motivo, como medida adicional, en la primera licitación pública que se realice para un bloque de 5 MHz en la banda de 900 MHz no podrán presentarse Telefónica ni Vodafone, pues ya disponen cada una de más de 10 MHz para poder desarrollar sin grandes dificultades su oferta de servicios, mientras que Orange solo tiene 5 MHz (contando con que devuelva 1 MHz de los 6 MHz de los que dispone) y Yoigo ninguno, por lo que es un claro candidato a hacerse con él.
Para licitar y poner a disposición, en los plazos previstos, el espectro en bloques de 5 MHz (cantidad mínima necesaria para poder ofrecer el servicio), será necesario que algunos operadores devuelvan parte del espectro del que ya disponen en las bandas de 900 y 1800 MHz a la Administración, como es el caso de Telefónica, Vodafone y Orange, que a cambio y como compensación extenderá el plazo de validez de sus licencias hasta el año 2030.
El goloso dividendo digital
En lo referente al dividendo digital (frecuencias resultantes de la transición a la TDT, en la banda de 790-860 MHz) se prevé que la pelea sea muy dura, pues es muy apetecible, dadas sus buenas características de propagación y penetración en interiores. Ahora bien, aunque estas frecuencias se adjudiquen a lo largo del presente año, no estarán disponibles hasta finales del 2014, cuando ya se haya terminado todo el proceso de tránsito y estén liberadas las frecuencias que ahora están utilizando las distintas cadenas de televisión locales y/o regionales, lo que sin duda va a perjudicar a los operadores, que no podrán lanzar nuevos servicios hasta entonces, retrasando sus inversiones y, como consecuencia, afectando también a los fabricantes de equipamiento de telecomunicaciones. Esto afectará, sobre todo, a la disponibilidad y/o calidad del servicio de banda ancha móvil en zonas rurales, ya que esta banda es la más apropiada para ofrecerlo.
El RD especifica que el espectro que se reserva para un ámbito inferior al regional se otorgará para los ámbitos territoriales de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura y resto de España, coincidiendo con la implantación de los cableoperadores. En caso de que éstos obtengan las concesiones, podrán ofrecer servicios móviles en la banda de 2,6 GHz, que no es la mejor pues requiere más estaciones base (nodos B) para una determinada cobertura que en el caso de frecuencias más bajas, utilizando la tecnología de cuarta generación LTE (aunque también podrían ofrecer servicios WiMAX o UMTS, dada la neutralidad tecnológica).
