A lo largo de este último mes se ha dado el penúltimo paso hacia la liberalización real del mercado de las telecomunicaciones en nuestro país, con la entrada de Jazztel, primero; y Retevisión, después, en el negocio de las llamadas locales, coto privativo de Telefónica hasta ahora y último bastión del monopolio.
Sin lugar a dudas, en breve plazo de tiempo, se unirán otras muchas compañías a estas dos operadoras aunque, de momento, tengan que conformarse para competir con el método de acceso indirecto o la preselección.
La llegada de Jazztel y Retevisión al mercado de las comunicaciones metropolitanas, que representa el 65 por ciento del negocio de voz en nuestro país, podría parecer la culminación de un proceso largamente madurado entre altibajos, luces y sombras, en definitiva, el principio del fin de la época de transición desde el monopolio a la plena competencia, como lo definía el presidente de Retevisión, Josep Canós.
Pero junto al reconocimiento de lo mucho que tiene de positivo este paso adelante, no hay que olvidar que España es uno de los países en los que más ha descendido la factura telefónica en aquellos servicios en los que efectivamente existe competencia; tampoco se puede dejar de recordar que la denominada desregulación asimétrica, que debía jugar a favor de los recién llegados al mercado -también conocidos como operadores entrantes- para compensar de alguna forma su enorme desventaja frente al operador dominante, ha girado el sentido de su asimetría para favorecer al incumbente en detrimento de los recién llegados.
La cuestión no está tanto en la existencia o no de una legislación que regule la cuestión de cómo y en qué plazo liberalizar el mercado, sino más bien en la distancia progresivamente mayor que separa la norma aprobada de su ejecución en la práctica, de forma que se hace imposible trasladar a los usuarios las ventajas de esa apertura hasta muchos meses después.
Hay que hacer que lo legislado no se quede en papel mojado y esforzarse con mayor empeño en plasmar en realidades el espíritu de la ley sin transigencias ni complacencias innecesarias. Si para ello es necesario dar otro vuelta de tuerca a la desregulación, no cabe duda que merece la pena hacerlo.
