Tras hacerse público que las ventas en este mercado se habían ralentizado significativamente, hasta un 50 por ciento en los primeros seis meses de 2001; Airtel cerraba dos años de guerras internas con la elección de su nuevo consejero delegado, el holandés John De Wit, y ponía definitivamente rumbo hacia el futuro guiado por la mano firme de Vodafone.
Sin embargo, no ha sido ésta la única noticia relacionada con Airtel. En los últimos días, un juzgado de primera instancia de Bilbao daba la razón a un vecino de la localidad de Erandio y obligaba a la operadora a retirar una de sus antenas del edificio del demandante, argumentando que existe injerencia en la propiedad privada por las ondas electromagnéticas y basándose en un principio de precaución.
La novedad que aporta la sentencia es que la carga de la prueba se traslada del usuario a la empresa. Es decir, hasta ahora el perjudicado era el obligado a demostrar que los daños sufridos eran consecuencia de las radiaciones producidas por una determinada instalación, ya fuera de telefonía móvil o eléctrica, por citar los casos de litigio más frecuentes. La decisión del juez de Bilbao da la vuelta a este argumento y establece que es la empresa la que debe probar la inocuidad para la salud de las ondas electromagnéticas producidas por sus antenas.
Esta sentencia pone de relieve la gran sensibilidad que la cuestión levanta en la sociedad española y la preocupación que, por razones bien distintas, causa tanto entre la ciudadanía como entre las operadoras de móviles, cuestiones de las que precisamente nos hacemos eco en esta edición de REDES A fondo.
Aunque no existen argumentos científicos que demuestren de forma concluyente los efectos perniciosos de las antenas sobre la salud de las personas que viven en sus inmediaciones y todas las compañías cumplan estrictamente la normativa vigente, la percepción que se está extendiendo entre los usuarios es precisamente la contraria; por lo que en los últimos tiempos se han multiplicado las reclamaciones y los litigios ante los tribunales dirigidos a evitar la instalación de nuevas antenas o retirar las ya existentes.
De esta manera, las operadoras se enfrentan, cada día con más frecuencia, a mayores dificultades a la hora de encontrar emplazamientos para sus infraestructuras de red, lo que podría llegar a influir decisivamente en sus planes de negocio y en la calidad del servicio prestado.
Aún reconociendo que cuando se trata de garantizar la salud de las personas todos los esfuerzos y las garantías son pocas, el sentido común también manda buscar el necesario equilibrio y no provocar un alarmismo innecesario y gratuito -especialmente cuando no existe argumento científico alguno que lo avale- y tratar de encontrar nuevas fórmulas alternativas, siempre que sean viables, de forma que no se perjudique los legítimos intereses de los usuarios y las empresas.
