En estos tiempos de crisis es difícil entender que una empresa con amplios beneficios como es Telefónica anuncie un ERE que afectará a unos 8.500 trabajadores en el plazo de 5 años y que provocaría un desembolso enorme a cuenta de las arcas del Estado. Ni más ni menos que 450 millones de euros en concepto del Inem además de una indignación ciudadana muy comprensible.
Se trata de la mayor empresa española y por ello el Ministerio ha movido ficha valorando que el ERE debe hacerse “sin que suponga coste alguno por las prestaciones por desempleo. Esa es nuestra opinión y la vamos a defender hasta el final” afirmó ayer el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
Añadió además que representantes de la compañía le habían comunicado verbalmente su “disposición” a aceptarlo.
El Ministerio de Trabajo ha introducido una enmienda al proyecto de ley de políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios que presenten un ERE que afecte a trabajadores de 50 años asuman las prestaciones por desempleo que van a percibir, normativa que Valeriano Gómez prevé que se apruebe en julio si bien queda por ver que finalmente ésta reforma llega a tiempo.
Pero dentro de la compañía parece que no miden con el mismo rasero a sus directivos, a quienes Telefónica pretende pagar un bonus extraordinario, una acción que Gómez considera que “casa mal” con el concepto de responsabilidad social “que siempre ha presidido la gestión de la empresa”.
Desde los sindicatos se pide que la gestión de este ERE no dañe a los trabajadores si bien mantienen posturas encontradas. CC OO considera “imprescindible” que Telefónica asuma el coste del desempleo para firmar un acuerdo, mientras que UGT no se decanta por ninguna solución “siempre que el coste, obviamente, no recaiga sobre el trabajador, ni directa ni indirectamente, empeorando las condiciones de salida”, según informaron.
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