El proyecto de reforma normativa que ha presentado la Comisaria Reding venía siendo trabajado con intensidad en los últimos tiempos, no solo por la necesidad de adaptar la normativa existente, que se remonta a 1995, a los vertiginosos desarrollos tecnológicos, sino también para paliar la deficiente o insuficiente trasposición que hicieron determinados estados miembros y que ha determinado una evidente fragmentación e inseguridad jurídica en este terreno.
No menos importante es que la reforma quiere poner coto a ciertas prácticas de algunos de los grandes actores de Internet (buscadores, redes sociales, y demás ) quienes, amparándose en regirse por las leyes americanas, han tenido poco menos que carta blanca para tratar los datos personales de los europeos.
A partir de ahora, todos las que ofrezcan bienes y servicios en Europa, independientemente de donde tengan su sede o sus servidores, deberán responder en base al derecho comunitario y ante las autoridades competentes europeas. En relación a éstas, es de destacar que su papel se ve reforzado, convirtiéndose en paso único para la protección de los ciudadanos del estado al que pertenezcan, por lo que deberán coordinarse y resolver en colaboración con sus homónimas europeas.
Respecto al importante régimen sancionatorio incluido en la propuesta, habrá que ver cómo se concreta en los cuerpos legislativos. De momento hay que esperar a la aprobación de la Directiva y de un Reglamento de aplicación directa. Junto con el llamado derecho al olvido en Internet, estas normativas podrían contener otros cambios de impacto, como la adopción de la figura del Data Protection Officer para empresas de cierto tamaño. Estaremos atentos a todo ello
