Esta norma, prevista en el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de 5G, se centra en establecer requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de las redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios basados en la tecnología 5G.
Se trata de impulsar una seguridad integral del ecosistema generado por la tecnología 5G, al mismo tiempo que se promueve un mercado de suministradores diversificado, se refuerza la protección de la seguridad nacional y se fortalece la industria y la I+D+I nacionales.
El ENS de Redes y Servicios 5G, previsto en el Real Decreto Ley, pretende concretar y desarrollar determinados aspectos técnicos que vienen establecidos en la norma legal. Así, los operadores podrán confeccionar y elaborar sus análisis de riesgos y las técnicas de mitigación de los mismos, en aras de lograr unas redes y servicios 5G más seguros.
Con esta consulta pública “se da un paso más a la hora de crear un marco confiable y seguro para incentivar el despliegue de esta tecnología disruptiva y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios”, indica el Ejecutivo.
El impulso al despliegue de la tecnología 5G y la ciberseguridad, junto con la conectividad, son clave en el proceso de transformación digital en España, uno de los cuatro ejes fundamentales del Plan de Recuperación.
