El mtodo ms fcil es recurrir a algo tan sencillo como una informacin fluida entre ambas partes. La empresa debe facilitar la mxima informacin al usuario para que ste sepa cuales son sus derechos y los derechos de la compaa y cmo pueden ejercerlos. Y, por supuesto, deben darse por escrito.
A partir de estas premisas bsicas se debe trazar una normativa que estar dentro de la legalidad en cuanto se refiere a proteccin de datos y de la intimidad de la persona. La reglamentacin debe tambin aclarar que cualquier medida que se tome no tendr como fin el vulnerar la intimidad del usuario sino el aplicarse como una medida que responde a la esencia ltima de la compaa, que es el negocio mismo, es decir, se fijan unas reglas para no sufrir daos econmicos debido a abusos.
El problema actual es que no existe una norma internacional a la que todos podamos acogernos, es decir, hay un vaco legal.
Debera haber unas reglas generales que diera cada estamento para que luego las empresas las aplicasen a su normativa interna, pero el hecho es que no contamos con ellas. Tan slo disponemos de la sociedad Cyberpatrol, en Estados Unidos, una entidad con nimo de lucro que categoriza los contenidos de Internet a nivel de temas y las empresa pueden abonarse a este servicio para que los empleados no accedan a ciertos contenidos en Internet. O, en el caso espaol, nos encontramos con firmas que apuestan por aunar la tecnologa con la legislacin y, en este sentido, la autoridad no oficial ms competente hasta la fecha es Landwell-PricewaterhouseCoopers, un grupo independiente que ha participado en las leyes de proteccin de datos en Espaa entre otras materias y que ha asesorado a los ministerios.
El objetivo ahora es dictar normas generales que sean conocidas por el empleado y la empresa. Y cuando se produzca un abuso, las leyes estarn de parte de la empresa.
Julio Miguel, director gerente de Internet Consulting Services
