El ministro Piqué parece dispuesto a dejar huella de su paso como máximo responsable del ministerio de Ciencia y Tecnología y ha puesto el empeño en dejar atado y bien atado, por lo menos en el plano regulatorio, la definición del escenario de un sector del que los derroteros del futuro político de Josep Piqué le va a apartar.
El objetivo del Ministro para los próximos meses, muy pocos antes de entrar en la liza por la presidencia de la Generalitat de Cataluña, es sacar adelante la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), la Ley General Audiovisual y la Ley de Firma Electrónica, todas ellas necesarias y reiteradamente reclamadas para poner orden y dar un empujón a sectores de importancia estratégica para el futuro de nuestro país.
El primer paso en el desarrollo de los planes ministeriales ha sido la aprobación del anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones a mediados de enero último. La idea perseguida por el Gobierno no es únicamente incorporar al ordenamiento legal español las normativas aprobadas por la UE sobre la materia, sino también incrementar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y consolidar una nueva generación de empresas, nacidas al amparo de la liberalización, que se han encontrado con una situación de mercado poco propicia para crecer y desarrollarse.
Bienvenidas sean todas las medidas dirigidas a mejorar y agilizar el funcionamiento de este mercado, que necesariamente deberán redundar en mejores y más competitivos servicios para los usuarios profesionales y residenciales, aunque no por ello haya que dejar de subrayarse algunos aspectos especialmente críticos como la financiación del Servicio Universal, reservado en el nuevo articulado de la Ley a las operadoras y que no parece vaya a incentivar las inversiones precisamente.
También se espera con gran interés el desarrollo normativo de la Ley General Audiovisual, que vendrá poner orden en un sector, en la cresta de la ola de la actualidad, tras el acuerdo cerrado por los presidentes de Sogecable y Telefónica para integrar sus respectivas plataformas digitales.
Al límite del plazo temporal concedido por el Consejo de Ministros para rubricar el compromiso, los responsables de ambas firmas dieron a conocer las directrices del plan de fusión, a la vez que presentaban un recurso ante el Tribunal Supremo para instar la anulación de una serie de condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.
La cuestión no es en absoluto insustancial. De cómo se resuelva va a depender en gran medida el escenario audiovisual del siglo XXI en España.
