El balance de las acciones emprendidas por la Business Software Alliance (BSA) durante los tres primeros meses del año se ha saldado con un total de 93 acciones legales contra empresas españolas por supuesta tenencia de software ilegal.
En lo referente al canal de distribución, esta asociación, integrada por firmas como HP, Apple, Microsoft o Adobe, ha remitido a la Policía Nacional un total de 62 casos de empresas que supuestamente han vulnerado los derechos de autor y de propiedad intelectual del software. En este sentido, Alfons Sort, presidente del Comité Español del BSA, advierte de que la piratería dentro del canal informático español está creciendo hasta límites preocupantes. “Según nuestros propios datos, aproximadamente el 40 por ciento de las empresas del canal ofrecen a sus clientes la venta de material informático incluyendo software ilegal”. Asimismo, este responsable también incide en que la venta de software ilegal es una clara actividad de competencia desleal contra otros distribuidores que sí comercializan sus productos de forma reglamentaria. Las consecuencias civiles de la interposición de una acción legal para una empresa en situación ilícita está calculada aproximadamente en 3.000 euros por cada ordenador con software ilegal, aunque esta cifra puede variar dependiendo de los programas reproducidos. Además, a la sanción se le puede añadir penas privativas de libertad en los casos más graves.
La comercialización de software pirata en nuestro país es algo que está empezando a preocupar a la mayor parte de las empresas que desarrollan su actividad dentro de la legalidad. En este punto, la BSA señala como España, con un 49 por ciento, se sitúa a la cabeza de la piratería informática dentro de la Unión Europea, solamente precedida por Grecia, cuyo índice asciende al 64 por ciento. Así, Durante el año pasado, este Comité realizó un total de 471 acciones legales contra empresas españolas que presuntamente atentan contra la propiedad intelectual del software. De éstas, 351 fueron realizadas a empresas que “supuestamente” utilizan software ilegal y el resto fueron contra el canal de distribución.
