Aunque España se sitúa por encima de la media europea en cuanto al crecimiento económico, mantiene una posición retrasada de cara a la UE en lo que se refiere a la implantación de la Sociedad de la Información. En ese sentido, el Gobierno se ha fijado como objetivo para la presente legislatura impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información, lo que conlleva acelerar al despliegue de infraestructuras, fomentar la creación de contenidos y servicios útiles para ciudadanos y empresas y, por último, lograr que la sociedad haga un mayor uso de medios y tecnologías.
El cumplimiento de estos requisitos pasa por la realización de acciones coordinadas en las principales áreas que componen macrosector: las telecomunicaciones, las tecnologías informáticas y el audiovisual.
Un primer paso ha sido la puesta en marcha del Plan Avanza, una iniciativa orientada a conseguir una adecuada utilización de las TIC que redunde en un modelo de crecimiento económico basado en la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
El conjunto de las actuaciones incluidas en el Plan se pueden resumir, a nivel global, en un objetivo (pese al riesgo de la imprecisión que conlleva una excesiva simplificación como ésta): conseguir que el gasto TIC sobre el PIB alcance el siete por ciento en el año 2010. Para llegar a este valor está siendo necesario el esfuerzo conjunto por parte del sector privado, la sociedad civil y las distintas administraciones. De manera más específica, el Plan Avanza busca la consecución de un conjunto de objetivos estratégicos, definidos para cada una de las áreas de actuación en que se divide el Plan y alineados con la Agenda de Lisboa, que persiguen la convergencia con los países europeos más avanzados de nuestro entorno en materia de Sociedad de la Información, movilizando para ello el consenso necesario, teniendo en cuenta que la convergencia se tiene que producir también a nivel nacional entre las distintas comunidades autónomas.
La cuantificación de estos objetivos se materializa en una serie de indicadores de impacto, sobre los que se establecen las metas para el 2010, a alcanzar al final del período de ejecución del Plan.
El Plan Avanza se estructura en torno a cinco grandes áreas de actuación: hogar e inclusión de ciudadanos, donde se desarrollan medidas para garantizar la extensión del uso de las TIC en los hogares y aumentar y potenciar la inclusión y se amplían los ámbitos de participación de la ciudadanía en la vida pública; competitividad e innovación, con medidas encaminadas a impulsar el desarrollo del sector TIC en España y la adopción de soluciones tecnológicamente avanzadas por las pymes españolas; educación en la Era Digital, incorporando las TIC en el proceso educativo y de formación en general e integrando a todos los agentes que en él participan; servicios públicos digitales, con medidas que permitan mejorar los servicios prestados por las Administraciones Públicas, aumentando la calidad de vida de los ciudadanos y la eficiencia de las empresas; y el nuevo contexto digital, con el despliegue de infraestructuras de banda ancha que lleguen a todo el país, genere confianza en ciudadanos y empresas en el uso de las nuevas tecnologías, proporcione mecanismos de seguridad avanzados y promueva la creación de nuevos contenidos digitales.
El Plan comenzó su ejecución anticipada en 2005, de manera que a finales de 2004, se fueron poniendo en marcha iniciativas de reforma de proyectos existentes o de lanzamiento de nuevas actuaciones que sirvieron de preparación y rodaje para poder acometer, con garantías de éxito, un incremento presupuestario y de objetivos.
Uno de los proyectos emblemáticos que forma parte del Plan Avanza es Administración Electrónica, el cual engloba otra serie de iniciativas como Sanidad en Línea, Justicia en Línea o el DNI electrónico, entre otras. Dentro del proyecto de Justicia en Línea es especialmente destacable el inicio de la digitalización de los registros civiles y juzgados de paz. El proyecto de Sanidad en Línea, por su parte, culminará en 2008 con la interoperabilidad y el acceso telemático a los servicios de salud de todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.
También hay que destacar programas como Ciudades Digitales y Ciudades Singulares, que buscan el desarrollo de la Sociedad de la Información en el ámbito local. En concreto, Ciudades Digitales ha llevado a cabo proyectos en más de 40 entidades locales, con una aportación del Ministerio de Industria en el período 2003-2007 de 51,5 millones de euros y una movilización de fondos de más de 124 millones de euros. En cuanto al programa Ciudades Singulares, ha contado con una aportación económica del Ministerio de más de 20 millones de euros en 2006, lo que supone un esfuerzo conjunto de más de 40 millones de euros.
En el ámbito de las iniciativas destinadas a las empresas, también se ha puesto en marcha el programa Pyme Digital, que persigue la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y de manera específica la implantación del negocio electrónico, en particular la factura electrónica. Este programa se ejecuta en colaboración con las Comunidades Autónomas. Ya se han firmado los primeros convenios con este objetivo.
El plan de financiación de Avanza se basa en una importante dotación presupuestaria que tiene el carácter extraordinario, y es aportado por el Estado para desarrollar las nuevas medidas con cargo a la misma. Se financiarán directamente las actuaciones de la Administración General del Estado y se cofinanciará la ejecución de aquellas que se desarrollen de manera conjunta con otras Administraciones u otros agentes. De esta manera, en este Plan, queda claramente establecido tanto el esfuerzo adicional que se realiza para impulsar la convergencia con Europa, como el efecto inductor que los fondos aportados por el Estado deben tener sobre los fondos aportados por otras Administraciones y sobre la aportación del sector privado.
La dotación presupuestaria del Gobierno para el año 2008 es de 1.714 millones de euros, a los que hay que añadir los recursos aportados por otras entidades, como Red.es. En 2007, las partidas asignadas al plan suman un total de 1.439 millones de euros, y en 2006 se reservaron 785,6 millones de euros, que si se añaden a las partidas ya destinadas al desarrollo de la Sociedad de la Información alcanzan un montante global de 1.197,7 millones de euros.
Junto a Avanza, el Consejo de Ministros aprobó, a finales de 2005, el llamado Plan Moderniza, con el objetivo de mejorar y modernizar los servicios de la Administración General del Estado (AGE).
El programa, que abarca el periodo 2006-2008, incluye dieciséis proyectos para mejorar las prestaciones a los ciudadanos, motivar a los empleados públicos, simplificar los procesos internos e impulsar la administración electrónica. (Ver cuadro). La puesta en marcha de este plan permitirá, entre otros aspectos, eliminar más de veinte millones de documentos en papel en esos tres años e incorporar a Internet más de 800 formularios administrativos.
Con el fin de hacer factible la Administración Electrónica, el Congreso de los Diputados aprobó, en junio de este año, la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la reconvertida LAECAP. La intención de esta ley es permitir realizar cualquier tramitación administrativa por Internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.
La normativa, en la que se incluyeron todas las enmiendas procedentes del Senado, obliga a la AGE a garantizar que los usuarios puedan hacer todos sus trámites de forma telemática a partir de 2009. De esta manera, quienes quieran podrán utilizar los medios electrónicos para solicitar información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo.
Para poder desarrollar la ley en la AGE, el MAP presentará un Plan de actuaciones ante el Consejo de Ministros antes de final de año, que contendrá todos los medios y recursos necesarios, así como el calendario de adaptación de todos los procedimientos para que sean accesibles electrónicamente.
Otra de las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno para la construcción de una Administración electrónica avanzada ha sido la creación de un conjunto de elementos transversales de uso común para toda la Administración, que evite duplicidades y redundancias innecesarias, aproveche economías de escala y asegure la interoperabilidad de los sistemas.
La primera de las infraestructuras comunes creada ha sido la denominada red S.A.R.A. Se trata de una red privada que une a todos los departamentos y ministerios de la AGE y Comunidades Autónomas de forma segura y a la que sólo tiene acceso, de manera controlada, los organismos públicos.
Hasta entonces, sólo existía una red ministerial de baja velocidad, conocida como Intranet administrativa con prestaciones muy limitadas, y velocidades reducidas en torno a cuatro megabits por segundo. A lo largo de esta legislatura, esta infraestructura se ha ampliado, aumentando su velocidad y conectando a todas las Comunidades Autónomas. Además, la red está conectada con la red de la Comunidad Europea.
Hoy en día, la red SARA da soporte las 24 horas, los 365 días al año, a cientos de servicios electrónicos de la AGE, conecta más de 400 centros directivos, con un total de 5.909 unidades y una media diaria de tráfico de cuatro terabytes y ha comenzado a sustituir algunas de las redes individuales que usaban algunos Ministerios y Comunidades Autónomas.
El fin último de esta red es que se convierta en la columna vertebral de todas las comunicaciones entre administraciones en España. Para ello, a finales de este año se realizará una nueva mejora tecnológica que volverá a aumentar el ancho de banda hasta 1 Gbps entre ministerios y 100 Mpbs con todas las Comunidades Autónomas. En años sucesivos se incrementará este hasta 10 Gbps. Además, se cambiará la tecnología subyacente para hacerla más robusta, más flexible y más segura.
Otra de las infraestructuras claves creadas, en este caso por el Ministerio del Interior, ha sido el DNI electrónico (DNIe). El nuevo carné, además de permitir la identificación física de su titular, posee las capacidades de acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de los ciudadanos españoles mediante el certificado electrónico de autenticación, así como firmar digitalmente documentos electrónicos con una validez jurídica equivalente a la firma manuscrita, de acuerdo con la legislación desarrollada a tal efecto por la Unión Europea y nuestro país. Actualmente, se ha expedido 1.000.000 de DNIe, en 35 provincias de 12 comunidades autónomas, y a finales de año se expedirá en toda España.
Con el objetivo de extender el uso del DNIe y la firma electrónica en la Administración, el Ministerio de Administraciones Públicas ha desarrollado una plataforma de validación electrónica @firma. Esta plataforma permite a todas las Administraciones desarrollar de manera fácil servicios electrónicos que hacen uso tanto del nuevo DNI como del resto de certificados electrónicos emitidos en España. El desarrollo se realizó a lo largo del año 2005 y 2006 y en la actualidad existen más de 400 servicios adaptados al DNI electrónico y la plataforma es utilizada por 67 organismos de la AGE y de las CCAA. Desde marzo de 2006 se han validado un total de 3,14 millones de certificados.
En los últimos cuatro años se han puesto en funcionamiento un conjunto de servicios comunes que permite la publicación integrada de servicios desde un único punto a todos los Ministerios.
Por un lado, se ha desarrollado una red de atención al ciudadano multicanal y multiadministraciones conocida como Red 060 y se han puesto en marcha de forma efectiva los servicios comunes de sustitución de certificados en papel por transmisiones de datos, supresión de fotocopias de documentos de identidad y de volantes de empadronamiento, inscripción en pruebas selectivas, comunicación de cambio de domicilio, además de potenciar el servicio de notificaciones.
Para finales de este año, este portal aumentará sus prestaciones para incluir el acceso a los servicios de todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que participen en la red 060.
En lo que se refiere a la red de oficinas, el Gobierno ha firmado convenio de apertura de estos centros con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Asturias, Castilla-León, Galicia, Extremadura, Valencia y Cataluña. Existen 10 oficinas de tramitación completa (en Sevilla, Gijón, Oviedo, Santander y Madrid) y 456 oficinas donde se pueden registrar documentos para cualquier Administración.
