En la propuesta ministerial acordada entre Cultura e Industria, los teléfonos móviles soportarán una cuota de 1,5 euros, los reproductores MP3 y MP4 serán gravados con 3,15 euros y las memorias USB tendrán un recargo de 30 céntimos. El objeto de la norma es compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir por razón de las copias para uso privado, respetando así la normativa europea. Por otra parte, los usuarios ven rebajadas algunas de las tarifas que se aplicaban hasta el momento en productos como el CD o el DVD, que se reducen más del 20 por ciento, o la grabadora CD-DVD o la impresora de inyección de tinta que lo hacen en más del 45 por ciento.
Por otro lado, el Gobierno ha conseguido aprobar la LISI sin la enmienda propuesta por el grupo ICV que instaba a la desaparición del canon en el plazo de un año. En ese momento, se propondrían alternativas consensuadas con el sector para preservar los derechos de autor y propiedad intelectual.
</strong>Una de las primeras reacciones a la propuesta del Ministerio ha sido la de Asimelec, la asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y comunicaciones, que ha acogido positivamente lo que denomina “el inicio formal de la tramitación administrativa del canon”. No en vano, se trata de una petición que la patronal viene reclamando desde el pasado mes de mayo a los dos ministerios. “Por fin la industria, a pesar de no estar acuerdo con la propuesta, al menos va a saber a qué atenerse”, señala José Pérez, director general de Asimelec.
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Sin embargo, la patronal puntualiza que se trata de una propuesta mejorable: “Asumimos que el canon debe existir, porque así lo marca la ley, pero creemos que la propuesta presentada necesita algunos ajustes técnicos para poder calificarla de satisfactoria, al menos para equilibrar las visiones de la industria, los consumidores y los creadores”, señala Pérez. A juicio de la patronal, tanto la industria como los consumidores han expresado ya a lo largo de toda la negociación su rechazo hacia una ley “que no va en la misma senda que los países de nuestro entorno europeo”, por lo que deben buscarse “nuevos caminos acordes a los nuevos usos y costumbres que están imponiendo las nuevas tecnologías”. Mucho más tajante ha sido Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI, www.aui.es) y uno de los promotores de la plataforma Todos Contra al Canon (www.todoscontraelcanon.es), que ha calificado de “perversión” la propuesta ministerial. En este contexto, Pérez ha recordado que más de 1,5 millones de ciudadanos que han firmado el manifiesto para rechazar el canon digital. Jesús Banegas, presidente de Aetic, se ha mostrado convencido de que al canon le queda poca vida. Este ejecutivo, que califica la controvertida tasa como “impuesto medieval”, asegura, en contra de las entidades de gestión, que menos de un tercio de los países europeos cuentan con este gravamen y que “tener canon es situarse en el furgón de cola de la Unión Europea”. El máximo dirigente de la asociación piensa que el problema de España es su alta tasa de piratería (del 45%) y que para proteger los derechos de autor, en lugar de recurrir al canon, se pueden usar tecnologías como el DRM y las descargas de pago de contenidos musicales a través de la web.
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Muy al contrario, la SGAE ha celebrado que todo este tema se “desatasque” a raíz de la propuesta en firme de los dos ministerios. No en vano, más de 150 profesionales del colectivo de la creación (músicos, actores, escritores y artistas plásticos, entre otros) se manifestaron ayer en la sede de la Academia de Cine de Madrid a favor de la remuneración por copia privada. Para la SGAE, la eliminación del canon supondría “la usurpación de un derecho legítimo consagrado por la práctica totalidad de las legislaciones europeas”. Asimismo, esta sociedad estima que acabar con la copia privada significaría la aceptación por parte de nuestros dirigentes de las posiciones de una industria tecnológica “empeñada desde hace meses en pisotear, a través de una campaña de desprestigio y falsedades, los legítimos derechos de Propiedad Intelectual”.
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