Telefónica, Ono, Vodafone y Orange levantaron la voz ante la iniciativa política que abre la puerta a operadores móviles autonómicos. Entre tanto, las autoridades del sector se desmarcan de estas afirmaciones que en un acuerdo han realizado el PSOE-PNV, ya que “todavía no hay nada decidido”.
Las cuatro operadoras del sector de telecomunicaciones del mercado español han criticado contundentemente las consecuencias que puede tener para este mercado dicho acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para recabar el apoyo parlamentario del grupo vasco a los presupuestos generales del Estado.
Actualmente las licencias de estas frecuencias no están asignadas a ningún operador ni actual, ni nuevo, pero los políticos han diseñado que una de las contrapartidas de ese apoyo sea la concesión de una licencia de telefonía móvil al Gobierno vasco, para que éste, a su vez, se la conceda a Euskaltel, el operador regional de cable. Para ello se utilizará la banda de frecuencias de 2.500 a 2.690 Mhz, que actualmente se encuentra sin uso, pero que está reservada para introducir los nuevos servicios de telecomunicaciones móviles de cuarta generación. Servicios que se prestarán, probablemente, usando el nuevo estándar tecnológico LTE, la continuación de la tecnología actual 3G/UMTS que actualmente ya existe pero que aún se encuentra en pruebas para los mismos proveedores de infraestructura.
Sin embargo, la crítica de los cuatro grandes operadores se dirige a la posibilidad evidente de que este acuerdo suponga el inicio de un proceso de `des-troceamiento´ autonómico de la gestión estatal del espectro de frecuencias radioeléctricas, importante cuando es un bien nacional.
De hecho el Consejo de Ministros aprobó 23 de mayo de 2008 el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. Este reglamento regula de manera omnicomprensiva la planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico, adaptando la anterior normativa a las nuevas realidades del mercado y al estado actual de la técnica.
Este Reglamento permite llevar a cabo una gestión más eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico, introducir mecanismos que iniciden en una mayor flexibilización en su gestión, la incorporación de manera más ágil y rápida de servicios innovadores e incrementar la competencia en el mercado y entre los distintos operadores.
Para otorgar al Gobierno Vasco la posibilidad de adjudicar directamente una licencia de telefonía móvil, aunque sea exclusivamente en el ámbito autonómico, sería necesario, previsiblemente, la modificación del vigente Reglamento del Espectro Radioeléctrico, así como de la Ley General de Telecomunicaciones, ya que ambos establecen que las competencias sobre las frecuencias son estatales. Es decir, una vez que se ha concedido a una comunidad autónoma es probable que esta competencia acabe cediéndose al resto.
Mientras que el reglamento dice que “establece que la utilización del dominio público radioeléctrico se efectuará de acuerdo con una planificación previa que delimite las bandas y canales atribuidos a cada uno de los servicios y que va dirigida a garantizar la prestación de los servicios y la ausencia de interferencias entre los mismos. Esta planificación se llevará a cabo fundamentalmente mediante el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y los Planes Técnicos de radiodifusión sonora y televisión”.
Las empresas han levantado la voz a través de Redtel, la patronal formada por las cuatro grandes operadoras con presencia nacional y presidida por Miguel Canalejo. Esta asociación ha elaborado un documento en el que se señala que la ruptura de la gestión del espectro de frecuencias sería una “decisión errada que acarrearía efectos muy negativos sobre el desarrollo” de la telefonía móvil.
Además, agrega que éste acuerdo podría abrir la puerta a una “avalancha de nuevos y heterogéneos procedimientos de licitación en cada comunidad autónoma”, con exigencia diferentes que podrían derivar en “diferencias profundas en la prestación de los servicios” en las distintas regiones.
El Reglamento constituye la norma básica para el desarrollo y aplicación de criterios y procedimientos innovadores en materia de planificación y gestión de redes y servicios de comunicaciones inalámbricas, e incorpora de forma anticipada planteamientos y tendencias incluidas en la propuesta de nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas que se está debatiendo en estos momentos en la Unión Europea. Por lo que un paso adelante en esta línea sería contrario al interés nacional.
Además, hace hincapié en que este sector requiere inversiones muy altas y fuertes economías de escala, que no tienen los operadores con “mercados geográficos reducidos” por lo que se corre el riesgo de la “inexistencia de los nuevos servicios en mercados inferiores al nacional”.
