Por Cristina López
¿En qué medida se va a ver afectado el sector de las telecomunicaciones por la actual crisis económica y qué papel van a desempeñar las telcos para paliar la crisis? En nuestro país, el sector de las telecomunicaciones tiene una relación directa con el PIB, de manera que cuando crece la economía, lo hace también el sector y, normalmente, por encima de la economía. Las telcos han estado registrando incrementos alrededor del siete por ciento anual el pasado 2007, cuando la economía crecía en torno a un tres por ciento. El año que viene estaremos muy cerca de la recesión. He leído en un informe internacional que la economía española crecerá en torno a un 0,2 por ciento y el presupuesto del Estado ha identificado el crecimiento en el uno por cien, de manera que yo diría que nos moveremos alrededor de esas cifras, es decir, muy cercano a cero y tres puntos por debajo del crecimiento del año pasado, mientras que las telcos crecerán por encima de eso. ¿Por qué?, pues por haberse convertido en un servicio que demandan los ciudadanos y las empresas y sin los cuales no pueden funcionar; hay un segundo factor y es que el gasto en telecomunicaciones por hogar, en nuestro país, es todavía muy pequeño y tiende a ir a más.
Usted ha afirmado que las telcos tienen un papel impulsor en la economía española, ¿en qué sentido?
En mi opinión, España debe buscar un nuevo modelo de desarrollo económico. En los últimos 15 años nuestro país ha crecido de forma ininterrumpida, pero basándose en el auge de sectores muy concretos como la construcción, el inmobiliario y el consumo. Este ciclo ha finalizado y no se puede crecer sobre la base de consumir más y seguir explotando la vivienda, hay que buscar otros motores que permitan el desarrollo de la economía a largo plazo y uno de ellos es la tecnología o, en sentido amplio, la sociedad del conocimiento. La tecnología como sector que tira del mercado debería sustituir a otros que son más intensivos en mano de obra y que aportan menos valor añadido. Y para crecer en la sociedad del conocimiento hay un dato de partida fundamental, que es contar con unas óptimas infraestructuras de comunicaciones y, en España, contamos con unas de las mejores infraestructuras del mundo desarrollado. Cuando nos comparamos con Europa en tecnología en general siempre estamos por detrás, salvo en infraestructuras de telecomunicaciones que estamos a la cabeza.
¿A qué se debe esta diferencia?
Se debe a un buen desarrollo del modelo del sector. En su momento, los responsables de definir la estructura del sector de las telecomunicaciones optaron por un modelo de empresas privadas y, después, por haber dado un número limitado de licencias de operación. Se querían pocos jugadores, muy potentes y que invirtieran en infraestructuras y así ha sido. Sólo hay que ver que entre los operadores móviles con red propia, los tres primeros (Telefónica Móviles, Vodafone y Orange) están entre los seis primeros operadores mundiales de telecomunicaciones. Y, en el mundo del cable, se comenzó mal debido a las concesiones regionales pero, después, el propio mercado ha ido corrigiendo el fallo y hoy contamos con operadores de cable sólidos, como ONO que ha invertido más de 8.000 millones de euros en infraestructura desde su creación. Con lo cual, España cuenta en estos momentos con dos infraestructuras modernísimas de cable, algo que no tiene nadie en Europa.
El pasado 26 de septiembre, el Ministerio de Industria, Turismo y Comunicaciones nombró una Comisión para el despliegue de infraestructura de acceso ultrarrápida. ¿Hasta que punto servirá para impulsar la inversión por parte de los operadores?
El nombramiento de una Comisión ha sido una decisión muy importante, ya que las inversiones en redes ultrarrápidas son clave para el desarrollo futuro del país. Es importante reducir las barreras a la inversión relacionadas con la normativa municipal y estatal en torno a los despliegues de infraestructura. Es decisivo que se conozcan las barreras y luego se reduzcan.
Es muy importante destacar que en esa Comisión están todas las entidades que pueden aportar algo a la solución de los problemas planteados: la Federación Española de Municipios, la CMT, los colegios de ingenieros y todas las asociaciones empresariales, es decir, están todos aquellos que tienen algo que decir en el despliegue de redes ultrarrápidas. Además, se han identificado claramente tres problemas: los relativos al hogar digital, donde hay que llegar al abonado y la inversión ahí depende de la comunidad de vecinos; la normativa que hay que cambiar a nivel estatal para implantar el uso de dominio público para el despliegue de redes de telecomunicaciones tanto fijas como móviles en las grandes infraestructuras del Estado como las autopistas; y, en tercer lugar, cómo solventar los incidentes para el despliegue de redes en el área municipal.
¿Qué requiere medidas más inmediatas?
Cualquiera de ellos es primordial, pero quizá el problema más arraigado y el más difícil de solventar sea el último de los citados, el relacionado con la preocupación de los ciudadanos asociada a la salud en relación con la emisión de ondas electromagnéticas. Contamos con más de 70.000 antenas instaladas por toda la geografía nacional y seguimos encontrándonos con ciudadanos que se manifiestan e impiden el despliegue de antenas. Y las protestas de los vecinos llevan aparejado que los ayuntamientos cuestionen la instalación de antenas sin ningún rigor científico. Desde Redtel pedimos que se cree una agencia española de seguridad electromagnética que dependa del Ministerio de Sanidad y Consumo y esté dotada con recursos científicos y de expertos en esta materia, como existe en todos los países europeos. Demandamos una agencia que convenza por su imparcialidad y por asegurar con datos científicos que no hay ninguna relación entre el menoscabo de la salud y las ondas electromagnéticas.
¿Cómo afectarán los gravámenes fiscales a la inversión de los operadores? Sólo los cuatro operadores que están en Redtel pagaron el año pasado en impuestos específicos del sector unos 568 millones de euros (entre impuestos estatales, autonómicos y locales), además de los impuestos de tipo general. Estamos pagando más impuestos que cualquier otro operador en Europa cuando hemos tenido que luchar contra problemas que en otros países no se han dado como una mala orografía, una densidad de población escasa y problemas asociados a contar con 17 autonomías y miles de ayuntamientos.
Ahora nos encontramos con que los ayuntamientos tratan de crear un nuevo impuesto para los operadores de móviles (del 1,5 por ciento de las ventas) por el uso del dominio público y esto ha desencadenado todas las alarmas. Es algo que vemos injusto y que nos crea inseguridad jurídica, ya tenemos litigio con 350 ayuntamientos en los tribunales.
En el informe presentado recientemente por Redtel (Contribución de las Operadoras de Telecomunicaciones al Desarrollo Económico y Social de España), se señala que las telcos son deflacionistas y, en los últimos cinco años, han reducido precios anualmente. ¿Hasta cuándo puede mantenerse esta tendencia a la baja en el sector?
En un país que tiene como una de sus principales debilidades una altísima inflación, cualquier sector que ayude a reducirla contribuye a favorecer la competitividad nacional y el futuro pasa necesariamente por la competitividad y la productividad. Seguiremos tendiendo a la baja porque, gracias al alto esfuerzo inversor en I+D, hemos logrado que los sistemas de los operadores tengan cada vez más capacidad a menor coste. Esta máxima se está trasladando igualmente a los clientes, de manera que se pueden reducir precios y se seguirá en esta línea. En el mundo de la tecnología, cada vez se da más por menos.
Hay un segundo motivo y es el propio marco de competencia en el que se mueve este sector, donde las economías de escala son fundamentales, contamos con unos operadores fuertes que pueden competir en todos los segmentos y que pueden hacer enormes esfuerzos de subvenciones de terminales, por ejemplo, o también esfuerzos de publicidad y divulgación.
De acuerdo con los presupuestos propuestos por el Gobierno para el próximo ejercicio el desarrollo de la Sociedad de la Información, las TIC y las telecomunicaciones contarán con 1.512 millones de euros, es decir, un seis por ciento menos que el año en curso (1.611 millones de euros). ¿Qué valoración le merece este descenso?
Todo el mundo se tiene que apretar el cinturón en tiempos de crisis y es muy importante reducir los gastos del presupuesto al nivel de unos ingresos que van a ser menores para no incrementar el déficit público. En general, estoy a favor de la contención del gasto; ahora bien, hay que discriminar en qué departamentos se aplican los recortes. Para mí, lo fundamental es no recortar en proyectos dentro del Plan Avanza, es decir, todos aquellos que promueven el uso de la tecnología. Afortunadamente, estamos en un sector en el que las inversiones en redes la hacen empresas privadas como las que estamos en Redtel (ONO, Orange, Telefónica y Vodafone), y por lo tanto no pedimos subvenciones ni ayuda de ningún tipo y, además, vamos a mantener un ritmo inversor equivalente al de años precedentes. Por ahí no hay que temer. Lo que hace falta es que el Estado siga promoviendo el uso de la tecnología.
