La Business Software Alliance (BSA) ha informado que llevó a cabo en los dos últimos años un total de 42 acciones legales contra empresas y distribuidores que vulneraron los derechos de Propiedad Intelectual de software en toda la Comunidad están teniendo resultados en la Comunidad Valenciana. La BSA, recordemos, es la asociación que representa a la industria del software en la defensa de sus derechos de Propiedad Intelectual y de la que es miembro Microsoft. Según ha hecho público la asociación, de las 42 acciones legales realizadas en los últimso dos años, se incluyen dos entradas de la policía en empresas y una sentencia contra una empresa de la Comunidad Valenciana, por no haber respetado los derechos de propiedad intelectual del software. En los casos judiciales iniciados por la BSA en la Comunicada Valenciana la indemnización media obtenida por cada caso ascendió a los 60.000 euros, así como la adquisición del software por parte de las empresas que lo habían estado utilizando de forma ilegal.
Para Txema Arnedo, director de Desarrollo de la Propiedad Intelectual de Microsoft y vicepresidente del comité español de la BSA “el uso y comercialización de software sin licencia es un grave problema a escala mundial, afectando al sector del software, a las economías nacionales y locales, y a los usuarios”. El directivo se refiere asimismo a las pérdidas de puestos de trabajo que generan estas prácticas ilegales. “El problema es especialmente grave en España, donde la distribución y uso de software ilegal genera la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector, además de reducir la productividad de los usuarios repercutiendo en la economía de las organizaciones que utilizan este tipo de software y ralentizando la evolución hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Microsoft colabora con las Autoridades Policiales y Judiciales en España y en todo el mundo, así como con organizaciones de fabricantes (como BSA) y distribuidores para perseguir y denunciar la distribución ilegal de nuestros productos”, destaca el responsable.
A partir de los números expuestos en el último estudio de la BSA e IDC se ve claramente que la Comunidad Valenciana es una de las regiones más afectadas por estas prácticas ilegales. Según el informe, la región valenciana cuenta con una tasa del 55% de software no legal y se encuentra, de este modo, entre las Comunidades Autónomas con una más alta tasa y por encima de la media nacional. Otro dato curioso que surge del informe es que esta alta tasa de software ilegal de la Comunidad Valenciana (así como de otras Comunidades españolas como Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Aragón) la sitúan cerca de países en desarrollo como Turquía, India, Brasil o México.
