Desde que se comenzó a plantear oficialmente la reforma de financiación de RTVE no han parado de producirse intensos debates, presiones de todo tipo y posturas diametralmente opuestas en los sectores involucrados. Para resumir el proyecto del Gobierno, podemos decir que, a partir de que las cadenas privadas pidieran al Ejecutivo la supresión de los bloques de publicidad en la televisión pública, las autoridades nacionales decidieron implementar un nuevo modelo de financiación de RTVE para cubrir el hueco que dejarán los ingresos que generan los actuales anunciantes. El sistema que ha hecho público la Administración Nacional, y que está tomado del modelo de subvención francés, contempla una distribución de la financiación basada en cinco fuentes de ingreso. La mayor parte de la financiación provendrá de los Presupuestos Generales del Estado, que aportarán el 45 por ciento del total (unos 540 millones de euros). Las empresas de telecomunicaciones se harían cargo del 24 por ciento (o lo que es lo mismo, unos 288 millones de euros) y, en tercer lugar, el Gobierno obtendría del cobro de una tasa por el uso de espacio radioeléctrico un 20 por ciento (240 millones de euros).
Finalmente, las televisiones privadas cargarán con el diez por ciento (120 millones de euros) y la comercialización de productos propios de RTVE aportará el uno por ciento restante (12 millones de euros).
Las discrepancias que ha generado este nuevo modelo han llegado al punto más alto en lo que concierne al arancel que deberán pagar las “telecos”, a quienes, como hemos señalado más arriba, el Gobierno les ha impuesto hacerse cargo del 24 por ciento del coste total de financiación, con le pago del 0,9 por ciento de sus ingresos.
La nueva RTVE
Lo cierto es que, más allá de las opiniones encontradas, la publicidad en RTVE tiene los días contados y el nuevo modelo de financiación de los medios estatales dejará en manos de las televisiones privadas y de los operadores de telecomunicación buena parte de sus necesidades de ingresos (concretamente ambos sectores aportarán un tercio de los fondos de la corporación estatal). Las cadenas privadas, no obstante, han tomado la noticia con bastante entusiasmo.
Y no es para menos, ya que a la certeza de que a partir de ahora tendrán un competidor menos a la hora de repartir el pastel de los anunciantes y las franjas horarias de publicidad, se suma el hecho de que las acciones de algunos de los canales privados (Antena 3 y Telecinco, por ejemplo) se dispararon apenas se conoció la noticia de la reforma.
Tal como han manifestado los representantes del Gobierno, el proceso de desaparición de la publicidad en RTVE, que podría estar en marcha en septiembre, se hará de manera progresiva para dar salida a las campañas ya contratadas. En este sentido, los responsables de llevar adelante este proyecto han destacado el hecho de que muchos de sus puntos fundamentales se basanen la experiencia de otros países.
Si bien el Consejo de Ministros ha remitido a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT) y al Consejo de Estado el anteproyecto de Ley con el nuevo modelo y aún debe pasar por varias instancias de aprobación, todo parece indicar que se tiende a la supresión “inmediata y definitiva” de la publicidad. Esto supone que, además de liberar una cuota significativa del mercado de la publicidad para las televisiones privadas, a partir de ahora TVE tendrá que cumplir determinadas obligaciones. Por ejemplo, la televisión pública tendrá restringida la compra de derechos deportivos (no podrá gastar más del diez por ciento de su presupuesto en estos eventos, con excepción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos), incrementará su cuota (hasta el seis por ciento) para apoyar al cine, fomentará la emisión de debates parlamentarios y electorales e impulsará la programación infantil.
Además, el nuevo modelo supondrá otras exigencias añadidas, como el hecho de que la televisión tendrá que cubrir 8.000 horas más de programación, no podrá proyectar en prime time más de 80 películas estadounidenses de estreno con hasta cuatro años de antigüedad y, por último, deberá reforzar sus obligaciones de subtitulado.
La posición de las telecos
A pesar de que el Gobierno ha insistido en que las normas que conforman el nuevo proyecto serán “beneficiosas” para todos, muy diferente es el punto de vista de las operadoras, quienes consideran esta medida como injusta, desproporcionada e ilegal.
Así lo expresa a nuestro medio Miguel Canalejo, presidente ejecutivo de Redtel, la
Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones.
“Se trata de una medida injusta porque el sector en ningún modo se verá beneficiado por la eliminación de la publicidad en la televisión pública. Puesto que los servicios audiovisuales de los operadores en Internet no se financian por publicidad, sino por cuotas de aquellos clientes que les han contratado ese servicio”, manifiesta Canalejo, quien también aclara que, en rigor, en caso de que se apruebe este nuevo canon, “las operadoras de telecomunicaciones financiarían el 50 por ciento de la televisión pública no el 24 por ciento. Por eso pensamos que el nuevo canon es desproporcionado, porque carga a los operadores de telecomunicaciones con el 50 por ciento de a financiación de la televisión pública, 600 millones de euros
(400 millones por el nuevo canon más 200 que los operadores de `teleco´ ya están pagando por la tasa por uso del espectro), cuando el nuevo modelo únicamente beneficia a las televisiones privadas”.
Lo que señala el responsable de Redtel agrega un punto más de fricción sobre el debate ya que, en efecto, RTVE también recibirá otros 240 millones del canon que los operadores pagan por la utilización del espacio radioeléctrico.
Como ya se ha insistido desde que salió a la luz el nuevo proyecto, la esencia de las nor mas que lo conforman ha sido tomada del modelo de financiación francés. En el país vecino el nuevo sistema ya ha sido puesto en práctica y, de hecho, uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo nacional para salir al paso de las críticas de las “telecos” es la experiencia en otros países. Al respecto, la vicepresidenta primera de España, María
Teresa Fernández de la Vega, recordó que en Francia el sector de las telecomunicaciones ya está financiando a la televisión pública. Consultado sobre cómo se evalúa hasta ahora la evolución en el modelo francés, Canalejo explicó a REDES & TELECOM que “habrá que hacer un detallado análisis comparativo del modelo francés y el español cuando podamos leer el anteproyecto español. Pero lo que sí parece, según nuestras informaciones, es que también enFrancia la norma ha sido ampliamente contestada, incluso desde el punto de vista legal, como lo será aquí en España”. En la misma línea que el responsable de Redtel se manifiesta Mar Martín Pérez, presidente de ASIMELEC, quién califica de “despropósito” el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros.
Pérez ha sostenido abiertamente que la patronal luchará por la defensa de los intereses del sector a lo largo de todo el tramite parlamentario de este anteproyecto de Ley, “Una nueva tasa penalizaría a un sector que crea riqueza y empleo para el país y que es fundamental para el desarrollo eco económico y el cambio de modelo económico que España necesita.
Es injusto que las operadoras de telecomunicaciones tengan que asumir ahora el desarrollo del sector audiovisual con esta nueva tasa”, explica el responsable de ASIMELEC, quien también recuerda que, a diferencia de los países de nuestro entorno, donde la mayoría de los impuestos y tasas especiales para el sector de telecomunicaciones no superan los tres o cuatro, en España, llegan a los siete. Por último Martín Pérez deja claro que “la financiación de la televisión pública debería proceder del sector audiovisual y no de las telecomunicaciones, que tiene que hacer frente, por ejemplo, a los gastos de universalización de la telefonía como servicio público esencial”.
El futuro del conflicto
Tal como han señalado los representantes del Gobierno en diferentes comparecencias públicas, el nuevo proyecto tardará unos meses en superar la correspondiente tramitación parlamentaria.
Las autoridades han dejado claro que se buscará, ante todo, que las nuevas normas se ajusten a la
Constitución y al Derecho comunitario y también se insistió en que el Ejecutivo velará para que no se produzcan incrementos injustificados de precios para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como consecuencia de las tasas que deberán asumir los operadores. Al respecto, Miguel Canalejo explica a nuestra revista que esta nueva tasa supone un aumento de costes de las operadoras de telecomunicaciones y que “lógicamente el sector se verá afectado ya que cada compañía tendrá que ajustar sus cuentas por la vía que responda mejor a su situación o necesidades, reduciendo inversiones, disminuyendo los costes laborales o repercutiendo en precios, igual que hacen las compañías aéreas cuando sufren incremento del precio del carburante”. Si bien el responsable nos aclara que ésta es una decisión que deberá tomar cada operadora, todo parece indicar que, si el proyecto avanza y finalmente sale tal y como lo ha diseñado el Ejecutivo, algunas empresas podrían incluir en las facturas de sus clientes el detalle desglosado de lo que pagan para financiar la televisión pública. Incluso ha trascendido que las operadoras podrían remarcar este concepto en color rojo, para que los usuarios sean conscientes de que el aumento no es responsabilidad de la empresa proveedora del servicio.
No obstante debemos destacar que algunas compañías han matizado esta idea y, de momento, plantean el tema con mucha prudencia. “No es una buena noticia. No se trata de trasladarlo a los clientes, sino que buscaremos las mejores ofertas que satisfagan sus necesidades”, aclara Francisco Román, presidente y consejero delegado de Vodafone. Por su parte, Guillermo Ansaldo, presidente de Telefónica España, señala que, aunque aún es pronto para establecer conclusiones sobre el tema, la tasa impuesta por el Gobierno, de momento, no convence. “El canon no nos gusta nada, ningún sector puede estar conforme con una imposición que está al márgen de su actividad”, explica el directivo. No obstante, y muy en sintonía con la opinión del resto de las “telecos”, el presidente de Telefónica insiste en el hecho de que únicamente en el caso de que el anteproyecto sea aprobado, la operadora se planteará las medidas necesarias.
Por otro lado, y si bien como han señalado los responsables de las compañías operadoras, aun se espera poder leer el texto del anteproyecto para conocer los detalles concretos de la iniciativa, no se han descartado acciones legales en caso de que el modelo llegue a concretarse. “No se descarta la interposición de un recurso jurídico ante los tribunales”, sostiene el presidente de ASIMELEC y, compartiendo esta opinión, Miguel Canalejo añade que las operadoras emprenderán las medidas legales necesarias para la legítima defensa de sus intereses tanto dentro del ámbito nacional como comunitario. “El único país de la Comunidad Europea que ha aplicado una medida similar es Francia, donde los operadores ya han recurrido la tasa. Pero eso será cuando la ley esté aprobada, todavía tiene que ser discutida en el Parlamento”, subraya el responsable de Redtel.
Cabe aclarar que, según ha anticipado el Gobierno, las nuevas tasas sólo las tendrán que pagar las empresas de telecomunicaciones que operen a nivel estatal o en más de una comunidad autónoma.
Según esta premisa, y teniendo en cuenta que las operadoras afectadas podrían incluir un aumento en sus tarifas, habrá que ver si, de concretarse esta medida, podrían llegar a producirse movimientos de migración de clientes entre las compañías, como causa de que unas suban las facturas y otras no. Canalejo se mantiene cauto respecto a este tema e insiste en que mse debe esperar a ver cómo quedará el proyecto en su versión final. No obstante recuerda que actualmente “no todas las compañías de telefonía de nuestro país se encuentran en la misma situación financiera pero sí todas deben afrontar compromisos de inversión muy importantes para el despliegue y el mantenimiento de todas sus redes”.
