Por Miguel Churruca, director de marketing de Blusens Global Corporation
Según un informe publicado recientemente, el 76 por ciento de los contenidos digitales que se consumen en España se descargan ilegalmente y el objetivo es reducir la piratería un 70 por ciento. Sin duda son unas cifras mediáticamente llamativas pero para entender bien el mensaje tienen que ser leídas con objetividad. Sobre todo porque las cifras que se barajan parecen más pensadas para generar el titular que a aportar sensatez al mundo de los contenidos digitales.
Dicho estudio también apuntaba a que el valor de los contenidos pirateados supera los 5.000 millones de euros en el segundo trimestre del 2009. De nuevo una cifra alarmante pero que puede ser percibida como un movimiento más del lobby de los proveedores de contenidos, pues es difícil de creer que de media cada español adulto descarga ilegalmente contenidos por valor de 800 euros al año. No tengo intención de ‘criticar’ la labor de unos u otros, pero sí creo conveniente que temas tan delicados y de poco tacto como llamar pirata al conjunto de la población se traten con tal frivolidad. Es muy fácil hablar de piratería y obviar los factores subyacentes, como precios, cánones o similares. El mundo digital es una importantísima fuente de ingresos para los proveedores de contenidos y entidades de gestión. Al margen de los beneficios por descargas legales, no olvidemos que solo por concepto de copia privada las entidades de gestión ingresan hasta 12 euros por cada soporte digital, independientemente del uso que se le vaya a dar. Y solo de reproductores portátiles hablamos de más de dos millones de unidades anuales; si sumamos teléfonos móviles, DVDs, discos duros, etcétera tendremos una cifra muy respetable, que el usuario, incluso el que piratea, acaba abonando continuamente.
No es de recibo que se meta a todo el mundo en el mismo saco, pero es mucho más grave que se difame a nivel internacional al colectivo internauta español, ni siquiera para presionar sobre el legislador.
Sí que creo que los contenidos hay que pagarlos pero habría que definir quién y cómo. Nos enfrentamos a un nuevo perfil de usuario, que cambia más rápido que la oferta. Este hecho ‘presiona’ a los proveedores de contenidos, los ofertantes, para que se adapten a las nuevas tendencias del mercado, tal y como hacen todas las empresas así que no es comprensible la cerrazón de achacar la caída de ingresos sistemáticamente a factores externos. La regla en un mercado complejo es adaptarse o desaparecer. En este orden de cosas un reciente estudio de IDC afirma que el 50 por ciento de los usuarios que piratean estarían dispuestos a pagar por los contenidos, lo que redunda en la necesidad de adaptación para captar a estos usuarios y potencialmente “reconducirlos”.
Es necesario proporcionar una oferta variada y de calidad, más posibilidades y ofertas abiertas pueden colaborar en la atracción de los usuarios, que sí están dispuestos a pagar una cantidad razonable por un servicio de calidad y que responda a sus intereses y preferencias. Afortunadamente cada vez existen más fuentes para ampliar y mejorar la oferta televisiva: Internet, plataformas de contenidos multimedia, proveedores de contenidos Web, sistemas IPTV… tanto para emisión en la televisión o por Internet. Y por otro lado no debemos olvidar el diseño de contenidos para colectivos con necesidades especiales, como sordos, ciegos, etcétera, que con el uso de Internet puede ver ampliada su oferta sustancialmente.
