El pasado 10 de diciembre de 2010 el Ministro de Industria, Turismo y Comercio presentó ante el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley que modifica la actual Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Este Anteproyecto es fruto de las modificaciones del marco europeo regulador de las comunicaciones electrónicas de 2002 que se han ido adoptando de manera progresiva estos últimos años en Europa. En concreto, supone la esperada incorporación al ordenamiento jurídico interno de las Directivas europeas de Mejor Regulación y de Derecho de los Ciudadanos que, junto al Reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), integran el nuevo marco europeo regulador de las comunicaciones electrónicas, aprobado el pasado 25 de noviembre de 2009.
El Anteproyecto, que, según su propia Exposición de Motivos, exigirá un posterior desarrollo reglamentario, incorpora al ordenamiento jurídico español el contenido de las Directivas citadas, respetando plenamente los principios recogidos en ellas pero adaptándolos al estado de la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas en España. De hecho, algunas de las novedades que incorporan las Directivas europeas, sobre todo en lo que se se refiere a garantías de derechos de usuarios, ya han sido incorporadas con anterioridad a nuestras normas nacionales.
El Anteproyecto modifica la Ley General de Telecomunicaciones con un claro afán de (i) mejorar los derechos de los consumidores y su protección; (ii) garantizar un mejor acceso a Internet; (iii) ofrecer una mayor protección de los datos de carácter personal; y (iv) fomentar la competencia y modernizar la utilización del espectro radioeléctrico. Asimismo, en dicho Anteproyecto se promueve la calidad de los servicios y la competencia entre operadores, incentivando la innovación y la inversión y se pretende crear un marco adecuado para el despliegue de las redes de nueva generación. Igualmente, se pretende proporcionar una mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los operadores, así como reforzar las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
En particular, en relación con los derechos de los usuarios finales, el Anteproyecto prevé su derecho a recibir una información más completa y detallada sobre las características y condiciones de provisión de los servicios, así como sobre la calidad con la que dichos servicios se prestan a los usuarios, incluyendo, entre otros aspectos, los precios, posibles limitaciones de las ofertas, etc.
Adicionalmente, el Anteproyecto establece que el cambio de operador conservando el número (portabilidad) deberá realizarse en el plazo de un día laborable, teniendo en caso contrario los usuarios derecho a una compensación.
Respecto a los operadores, el Anteproyecto crea un marco incentivador de las inversiones para el despliegue de redes de nueva generación que permitan ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos, incluyendo la oferta de velocidades de acceso a Internet superiores a 100 Mbits. En este sentido, el riesgo tomado a la hora de invertir será un factor a tener en cuenta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la hora de imponer obligaciones de acceso a las redes.
Adicionalmente, se introduce el principio de separación funcional. El Anteproyecto establece que, en caso de problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá imponer a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.
Con carácter general, se promueve un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico mediante la generalización de los principios de neutralidad tecnológica y neutralidad de servicios y el desarrollo del mercado secundario del espectro radioeléctrico.
Por último, y en lo que respecta a los organismos reguladores, el Anteproyecto modifica ciertas competencias y el funcionamiento de los mismos, reforzando las competencias atribuidas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, si bien la configuración y el funcionamiento de dicho organismo se adaptará a lo previsto finalmente en la Ley de Economía Sostenible (en tramitación).
Por otro lado, el Anteproyecto dispone que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mantendrá relaciones con los restantes organismos reguladores de otros Estados miembros, canalizando la representación española en las actividades desarrolladas en el ORECE.
